El presidente del PP de Almería se dio a sí mismo como alcalde de Roquetas una licencia para urbanizar

Gabriel Amat, en una comparecencia en la Diputación Provincial de Almería.
Gabriel Amat, en una comparecencia en la Diputación Provincial de Almería.
  • Gabriel Amat, además, concedió licencias a otras empresas en las que entró años después como accionista

El presidente de la Diputación Provincial y presidente del Partido Popular en Almería se dio a sí mismo en su calidad de alcalde de Roquetas de Mar una licencia para construir. Así lo publica en su edición impresa el diario El País que añade que Gabriel Amat concedió desde el Ayuntamiento de Roquetas de Mar licencias urbanísticas a una empresa en la que el político figuraba y a otras en las que entró años después como accionista.

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Esas licencias, concedidas a lo largo de tres lustros, permitieron levantar 206 viviendas en el municipio roquetero, recoge la información del rotativo madrileño que cita fuentes de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) de la Policía Nacional.

La misma información explica que el informe policial forma parte de la investigación del Juzgado número 1 de Roquetas que intenta determinar si Gabriel Amat benefició desde el Ayuntamiento, del que es alcalde desde 1995, a una telaraña societaria de un centenar de firmas conectada a 53 familiares suyos. De cualquier manera, aunque la gestión de Amat al frente del ayuntamiento está siendo investigada, él no ha sido imputado judicialmente.

Según la información de El País el Gobierno municipal roquetero concedió en junio de 2004 a Urbaentinas SL una licencia para construir siete viviendas. El administrador único de esta firma era entonces el propio alcalde, tal y como figura en el registro mercantil. La empresa, que carece de empleados, registraba en 2015 un activo de dos millones de euros.

Según fuentes de la investigación, Gabriel Amat no se ausentó de la votación cuando se aprobó la licencia incurriendo presuntamente en una incompatibilidad al tratarse de un cargo público con interés personal en el asunto, según la ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común.

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