Procesan a dos policías locales de Vícar en una causa contra el cultivo de marihuana

El auto de transformación en procedimiento abreviado señala que tras analizar la la información del móvil de un arrestado por un delito contra la salud pública, la Guardia Civil detectó la existencia de este presunto grupo dedicado a la plantación de marihuana.

Los agentes de la Guardia Civil iniciaron una investigación que apuntó a que los policías procesados se encargarían de la «obtención, gestión y cobro de viviendas en las que se instalarían plantaciones interiores de marihuana, así como la captación de posibles arrendatarios idóneos para los fines del delito contra la salud pública».

Todos los inmuebles se encontraban en «barrios deprimidos» como las 200 Viviendas de Roquetas de Mar y contaban «con numerosos enganches irregulares a la red eléctrica de la zona, lo que permitiría la instalación de la plantación».

El juez dice que «aun en su condición de policías locales sin autorización administrativa de compatibilidad para ello, recibirían un porcentaje del alquiler de cada una de las viviendas».

La Guardia Civil también vinculó a ambos con el procesado que supuestamente se encargaba de proporcionar «toda la infraestructura necesaria y personas para el desarrollo de plantaciones de marihuana».

El juez ha recordado en su auto que la Guardia Civil ya subrayó al inicio de la investigación que era «especialmente llamativo como policías locales, fuera de servicio, sin autorización expresa del Ayuntamiento al que lo prestan, se muevan con evidente facilidad por una zona de Roquetas de Mar como es la barriada de las 200 viviendas».

Ha añadido que conforme avanzó la operación de la Guardia Civi, se «constató» que estos dos policías eran «piezas esenciales en la búsqueda de viviendas para la posterior instalación de plantaciones de marihuana».

Según informó en su día la Comandancia de Almería, en la denominada operación 'Teflón' se detectó una empresa que adquirió para este fin un total de 404 inmuebles en «zonas marginales de los municipios de Almería, Berja, Vícar y Roquetas de Mar», 102 de ellos en las 200 Viviendas, para alquilarlos y, al no conseguir rentabilizarlos por impagos, dejaron la gestión de «al menos 190 de estas viviendas» a los dos policías locales.

Por ello, el juez instructor ha considerado que los hechos pueden ser constitutivos de un delito contra la salud pública, de un delito de pertenencia o integración a grupo criminal y de un delito de defraudación de fluidos, atribuidos en diferente medida a los 14 procesados, aunque ha apuntado que los dos policías locales serían supuestamente responsables de todos estos ilícitos.