Juan Fernández y Luisa García Chamorro. / R. I.

Linares y Motril: otros casos de usos indebidos de asignaciones de los grupos

El exalcalde linarense Juan Fernández está condenado a cuatro años de prisión por ponerse un «sobresueldo» a cuenta del partido mientras que la alcaldesa motrileña pagó una indemnización judicial de 4.000 euros con estos fondos

Alicia Amate
ALICIA AMATE Almería

Las vecinas provincias de Jaén y Granada, recientemente, han vivido sendas situaciones, si no idénticas, al menos, similares a la ocurrida con el Grupo Municipal deVox en Vícar. Aunque, en ambos casos, con implicados de mayor rango en la estructura política ya que implicaron al exalcalde de Linares Juan Fernández (PSOE) y la alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro (PP).

Juan Fernández, de hecho, fue condenado por la Audiencia Provincial de Jaén –donde se celebró un juicio con jurado popular– a cuatro años de prisión y diez de inhabilitación por un delito de malversación de caudales públicos.

Según publicó IDEAL Jaén, el exalcalde linarense tendrá que entrar en prisión por unos cobros como portavoz del Grupo Municipal Socialistas en el Ayuntamiento de Linares que él mismo admitió haber recibido. Lo defendía como un «acuerdo» al que se llegó con el PSOE, pero que en el juicio ninguno de los políticos implicados «sabía nada».

En concreto, recibió un «sobresueldo» de unos 1.700 euros mensuales entre julio de 2011 y noviembre de 2017, al margen de lo que cobraba como alcalde, por lo que según la sentencia «se apropió, sin estar legalmente autorizado y sin conocimiento ni consentimiento del Grupo Socialista».

Por su parte, la alcaldesa de Motril fue denunciada por Vox ante la Fiscalía por, presuntamente, haber pagado los gastos de defensa jurídica de una condena personal con dinero de las administraciones públicas. La alcaldesa habría utilizado dinero del Grupo Municipal Popular, 4.000 euros, para pagar la indemnización que impusieron los tribunales por injuriar al exgerente de la empresa Visogsa, publicó IDEAL Granada.

Posteriormente García Chamorro devolvió «de buena fe» el importe, que fue ingresado a los servicios de Intervención del Ayuntamiento de Motril hasta que se aclare si es lícito emplear fondos públicos para tales fines.