Las viviendas de 53 familias de Aguadulce, en el limbo tras quedar el edificio en manos del 'banco malo'

Más de medio centenar de familias de un bloque de viviendas de Aguadulce vive desde hace dos años bajo el temor de quedarse en la calle tras asumir la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) la propiedad del edificio donde estas personas tienen su residencia, en la mayoría de los casos, desde hace más de una década. «Me parece de película», describe la situación el presidente de la comunidad de vecinos, Javier Rodríguez, quien en los últimos años ha tenido que ponerse al día en asuntos judiciales, hasta ahora, completamente ajenos a él.

La odisea, según explica Rodríguez a este diario, comenzó en 2023. «Nos enteramos a través del BOJA (Boletín Oficial de laJunta de Andalucía) de que el edificio había salido a subasta y que se lo había quedado la Sareb», comenta. El inmueble situado en la calle Catania, denominado Edificio Vistaverde, salió a subasta en lote en febrero de hace dos años. Un procedimiento que «concluyó sin pujas», según la información publicada sobre el mismo en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en marzo de 2023.

«A los siete días, nos manda una carta la empresa de alquiler diciendo que ya no tenemos que seguir pagándolo», detalla sobre la primera notificación que tuvieron él y los demás residentes sobre un proceso que entonces no había hecho más que comenzar: «Yo, en mi ignorancia, me fui al juzgado a preguntar dónde teníamos que pagar el alquiler». A partir de ahí, dice que comprendieron que necesitaban un abogado.

Burofaxes y emails

Jesús Yebra, de Yebra Avivar Abogados, representa a aproximadamente la mitad de las 53 familias arrendadas en un caso que, en tal magnitud, asegura no haberse encontrado antes. Hasta en tres ocasiones desde mayo del año pasado (y cuenta con los resguardos correspondientes) ha enviado la documentación requerida por la Sareb para el procedimiento que permita acreditar la situación de vulnerabilidad de los residentes en estos pisos. En mayo y noviembre del año pasado y en febrero de este año recibieron «el mismo burofax», que respondió con la información solicitada en todas las ocasiones pese a la reiteración.

Sin embargo, en lugar de citar a los afectados con Servicios Sociales para conocer sus casos en aras de analizar la posibilidad de conseguir una renta social, como esperaban de acuerdo al procedimiento, este mes de mayo han recibido una notificación en la que se les indicaba que «los vecinos se quedaban sin informe de vulnerabilidad» porque no se había obtenido respuesta a las peticiones previas. Ello después de que, hasta en dos ocasiones, gestores externos contratados por Sareb-Hipoges trataran de contactar con los residentes por este mismo asunto, declara el abogado, a quienes se indicó que la Sareb ya contaba con sus datos.

«Hoy (por ayer) nos enteramos de la Sareb quiere ceder la sucesión procesal a un fondo buitre», añade Jesús Yebra, sobre el proceso judicial que, de manera paralela, se ha ido ejecutando. Esto, como temían, indica que el edificio ya no estaría en manos del 'banco malo' sino de otros inversores aunque es la titular del juzgado roquetero la que debe determinar si acepta esta modificación. «La Sareb quiere acelerar el lanzamiento», saca como conclusión.

Si bien el presidente de la comunidad tiene ciertas certezas de que el objeto de este movimiento inmobiliario es «especular», ha sido desde la política municipal desde donde se ha señalado con firmeza este fin. «Existen indicios de que el inmueble ha sido vendido a Procobro Debt Solutions S. L.», indicaron ayer en una nota desde el Grupo Municipal de IU y Podemos en el Ayuntamiento de Roquetas.

El abogado, por su parte, cree que esta transacción podría quedar anulada legalmente porque a sus representados no se les ofreció, inicialmente, la posibilidad de adquirir sus viviendas, como establece la normativa vigente. «Aquí nadie se preocupó nunca de los vecinos».

Diez años de arreglos

«El promotor lo alquiló sin terminar y los inquilinos se han dedicado a mantener el edificio», destaca el representante legal sobre la labor que los propios arrendatarios han realizado en esta década no solo en las zonas comunes, sino también en unos pisos que recibieron a medio acabar a cambio de una renta de entre 150 y 200 euros mensuales.

«En unos faltaban grifos, en otros tres puertas…», relata el presidente de la comunidad. Con los años, «poco a poco» convirtieron un lugar a medio hacer en el hogar de estas familias «trabajadoras, humildes y, en algunos casos, con niños pequeños». Sin embargo, diez años después de firmar sus contratos de alquiler, las más de 50 familias viven con la incertidumbre de si, efectivamente, van a acabar desahuciados de sus casas, como así se ha intentado ya.

Y es que, desde agosto del año pasado hasta ayer mismo había previsto un lanzamiento para el 5 de junio. Finalmente, se ha suspendido porque no se había comunicado debidamente, según relata el abogado, pendiente, ahora, de que se reconozcan los derechos arrendatarios a sus representados por parte del juzgado de Roquetas de Mar que asume esta causa.

El presidente de la comunidad, Javier Rodríguez, tiene ya un auto que reconoce sus derechos por lo que lo esperado es que ocurra de igual manera con el resto de vecinos dado que, además del contrato y el censo, juega a su favor que, dadas las circunstancias en las que recibieron las viviendas, los servicios de electricidad o agua también fueron contratados por los inquilinos.

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