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Javier Rodríguez y Jesús Yebra. R. I.

Los vecinos de las 53 viviendas de Aguadulce logran negociar con la Sareb pero alertan de más casos: «Esto se va a multiplicar»

Los representantes de las familias que viven de alquiler en el inmueble adquirido por el 'banco malo' lamentan haber tenido que hacer pública su situación y llegar a «lo más alto» de la política para que se respeten sus derechos

Alicia Amate

Almería

Jueves, 29 de mayo 2025

Los vecinos del edificio Vistaverde de Aguadulce han experimentado un giro radical en su situación. De estar al borde del desahucio por orden judicial hasta hace poco más de una semana han pasado a que, al menos, se reconozcan sus derechos como inquilinos. Este mismo jueves han mantenido un encuentro con Servicios Sociales del Ayuntamiento de Roquetas de Mar para comenzar a trabajar en los casos de las 53 familias que, desde hace más de una década, residen de alquiler en estas viviendas, adquiridas por la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) tras una subasta sin pujas en 2023.

Por su parte, el llamado 'banco malo' ha negado que el edificio vaya a ser puesto a la venta y se ha comprometido, como ha publicado este jueves IDEAL ALMERÍA, a analizar cada caso para determinar la posibilidad de ofrecer alquileres sociales. Este viernes por la mañana, según indicó el abogado que representa a estos vecinos, Jesús Yebra, tienen una primera reunión con representantes de la Sareb.

Y todo ello llega después de que, durante la jornada anterior, estos vecinos se reunieran en el Congreso de los Diputados con representantes de los grupos parlamentarios de Podemos, Sumar y PSOE. «Lo que nos ha costado años de intentos, a través de las fuerzas políticas, que son claramente los que tienen esa posibilidad de acceder a ciertos poderes, pues por fin nos han contestado», ha detallado este jueves ante los medios el presidente de la comunidad, Javier Rodríguez, sobre la continuación de su periplo para lograr que la Sareb atendiera a los residentes. Rodríguez sostiene que se han sentido abandonados en medio de un proceso judicial en el que no se les ha tenido en cuenta hasta el punto de decretar un lanzamiento que no se comunicó a los ocupantes de las viviendas y que, finalmente, se ha suspendido.

Lamentan, eso sí, haber tenido que llegar a la denuncia pública y a «lo más alto del Poder Legislativo» para no perder las casas en las que viven desde hace más de una década. «Nosotros no queremos otra cosa que que se cumpla lo que marca la ley», ha referido Rodríguez, quien ha asegurado que tanto él como sus vecinos han sido tildados de «ocupas delincuentes» en busca de que les «regalen las casas».

«Nosotros lo que hemos pretendido es que se siguiera formalizando lo que hemos estado haciendo durante 10 y 15 años», ha aseverado. Incluso defiende el representante de los inquilinos que, de haber tenido conocimiento de la subasta pública del inmueble, alguno de los actuales residentes podría haberse interesado en adquirir su vivienda. Pero no recibieron ninguna información sino que conocieron que se había cerrado el proceso y la Sareb se convertía en nueva propietaria a través de boletines oficiales.

Junto a Javier Rodríguez en la atención a medios ofrecida en la sede prestada por la Asociación de Periodistas-Asociación de la Prensa de Almería se encontraba el abogado de los vecinos afectados, Jesús Yebra, quien estuvo presente también en las reuniones en el Congreso de los Diputados, y que desde hace más de un año trata de lograr que se reconozcan los derechos de estos inquilinos.

«Las familias lo que quieren es regularizar la situación, hacer sus contratos de arrendamiento con la Sareb», ha apuntado. De acuerdo a la documentación que maneja, Yebra sitúa en más del 90% los vecinos que actualmente se encuentra en situación de vulnerabilidad social. Serán ahora los Servicios Sociales de Roquetas de Mar los que evalúen a estas familias, un proceso en el que también deberá implicarse la Sareb para ofrecer alquileres que no superen el 30% de los ingresos de estos hogares.

Más casos

Aún están en mitad del procedimiento, pero los logros de este colectivo vecinal de Aguadulce y su abogado han llegado a otras comunidades en similares situaciones. Javier Rodríguez, de hecho, ha trasladado que han contactado con él personas de edificios de la provincia que se encuentran en mitad de pleitos de este tipo y que temen acabar desalojados tras pasar a manos del 'banco malo'.

Al menos, cita el presidente de Vistaverde dos casos de residentes en edificios de Aguadulce y uno en El Toyo, en Almería capital, que dicen encontrarse la misma situación que ellos. «Creemos que esto se va a multiplicar», ha vaticinado.

Acerca de este tipo de situaciones, fuentes de la Sareb indicaron a este diario al ser consultada sobre Vistaverde que, actualmente, se ha suspendido la venta de inmuebles en previsión de que puedan pasar a formar parte del nuevo ente público de vivienda en alquiler asequible. Además, ratificaron que se está intentando mantener a los vecinos residentes en promociones en circunstancias similares. Cifró esta entidad en 9.000 las familias incluidas en su Programa de Alquiler Social.

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