Unanimidad para aceptar la mitad de la Torre de Cerrillos como paso previo a su restauración

Una unanimidad que también se dio con una enmienda presentada por el PSOE, en la que proponía que para el proyecto se pida apoyo al Gobierno de España y a la Junta de Andalucía. La edificación se encuentra dentro del dominio público marítimo-terrestre, si bien el deslinde aprobado en su día fue anulado por una sentencia, Costas asegura que se está tramitando un nuevo deslinde que mantiene los límites del dominio, por lo que la torre es de su responsabilidad. La Junta por su parte, que en los años 90 declaró la torre como Bien de Interés Cultural, hasta el momento únicamente ha ofrecido apoyo técnico para el proyecto.

El punto, pese a todo, sí tuvo algunas diferencias entre los grupos, caso de Vox, cuyo portavoz, José Ignacio Cerrudo, se mostró crítico con la cesión de la mitad de la propiedad de una torre que «ha sido históricamente nuestra» y reclamó la intervención para que la Torre de Cerrillos no sea una «torre quebrada».

Desde Ciudadanos, Daniel Zalalla, defendió la necesidad de que las demás administraciones si involucren en el proyecto, no solo la Junta de Andalucía, sino también el Gobierno de España.

Por su parte, Sensi Marcos, de IU, recordó que su partido hace «décadas» que reclama una intervención en esta histórica edificación, denunció el abandono que sufre y consideró que «todas las administraciones deberían haberse hecho cargo».

Desde el PP, tanto el concejal de Agenda Urbana como el alcalde, Gabriel Amat, justificaron la lentitud con la que se ha avanzado en este tema y la inscripción de la torre en El Ejido, por el proceso administrativo complejo que ha habido que llevar a cabo para llegar a este punto.

Según dijeron, la torre es de los dos municipios, pero está inscrita en El Ejido, de ahí que sea El Ejido el que ceda la mitad a Roquetas. Llamas quiso dejar claro que se lleva trabajando desde hace tiempo pero «hay muchas situaciones jurídicas muy complicadas», recordando que en el catastro aparece de una manera, en el registro de otra, y está dentro del dominio marítimo-terrestre por lo que «es el Estado el que tenía que haberse hecho cargo desde el principio», declaró.