El TSJA rechaza que Roquetas tenga que indemnizar al promotor de los acantilados de Aguadulce

La promotora pedía al Ayuntamiento de Roquetas y a la aseguradora Mapfre, un total de 3.351.108,99 euros en concepto de responsabilidad patrimonial tras la anulación del estudio de detalle y el Plan parcial para el desarrollo de las parcelas R1 y R2 del Sector 1 del PGOU del municipio, para la construcción de 440 viviendas.

Aquellos planes despertaron como se recordará una enorme controversia en el municipio, con manifestaciones multitudinarias en contra de los desmontes de los acantilados y el desarrollo urbanístico de esta parte situada a la entrada de Aguadulce.

Los planes tuvieron varios reveses, ya que diferentes decisiones judiciales anularon el estudio de detalle, el Plan parcial y la licencia de obras, tramitadas en su día desde el Ayuntamiento de Roquetas de Mar.

Así, la sentencia que ahora el TSJA confirma y que rechaza las indemnizaciones solicitadas por la promotora, asegura que «no ha habido una acción u omisión de la Administración que haya generado la responsabilidad que se reclama, ya que la licencia concedida fue controvertida desde su concesión, y se otorgó en base a un proyecto básico en virtud del cual no se podían iniciar las obras hasta que no se aprobarse el proyecto de ejecución, que no se aprobó, y que dependía de un Plan parcial también impugnado, y luego anulado, todo ello conocido por Almeragua S.L.».

La sentencia también expuso en su día que «se advirtió a la mercantil de que no podía iniciar las obras hasta que se aprobarse el proyecto de ejecución, que no fue aprobado inicialmente», por lo que el inicio de las obras «lo realizó la mercantil por su cuenta y riesgo».

Los tribunales consideran que «existe actitud negligente por parte de la mercantil» por lo que «no puede darse derecho a indemnización cuando la licencia, posteriormente anulada, no fue respetada por la propia mercantil, que además conocía los procedimientos judiciales iniciados».

Por último, la sentencia del Juzgado de lo Contencioso también dejó claro que «la sola anulación de una licencia de obras no es suficiente para generar responsabilidad patrimonial de la Administración, sino que es necesario que, además de la anulación, haya un perjuicio antijurídico y una actuación fuera de los márgenes de razonabilidad, requisitos que no se aprecian en este caso».

Por su parte, el TSJA no constata nexo de causalidad entre la actividad o inactividad del Ayuntamiento y los daños que se reclaman, ya que «los daños, en todo caso, serían culpa exclusiva de la mercantil, que asumió el riesgo temerario de iniciar una obra de gran envergadura pese a que no estaba autorizada».

El polémico proyecto, que contó con más de 500 alegaciones en su día por parte de partidos políticos, colectivos y ciudadanos particulares, despertó un gran rechazo y se llegó a constituir una Plataforma para organizar las movilizaciones contra el mismo.

Aunque las obras fueron paralizadas de forma cautelar, los desmontes a la entrada de Aguadulce dejaron su huella en esta zona y por el momento el daño no ha sido reparado, algo que ha sido objeto de varias iniciativas y reclamaciones por parte de la oposición y la ciudadanía, particularmente por PSOE e IU, ambos pidieron la restauración de la zona. El PSOE propuso la protección ambiental de este lugar para evitar nuevos intentos de construcción, mientras que Izquierda Unida propuso en su momento recuperar la zona construyendo un parque.

La última iniciativa conocida al respecto la presentó IU a principios de este año, cuando en la tramitación de los presupuestos reclamó una partida específica para ello, recordando que se puede conseguir la titularidad del terreno y asegurando que los promotores están obligados a restituir la zona.