El Supremo confirma el fallo del TSJA que negaba indemnizaciones a la promotora de los acantilados de Aguadulce

El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso presentado por la promotora de los acantilados de Aguadulce contra las sentencias que negaban su petición de indemnizaciones superiores a los 3,3 millones de euros por el perjuicio ocasionado al no prosperar su proyecto para construir cientos de viviendas a la entrada de este núcleo roquetero.

La petición de indemnizaciones ya fue denegada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Almería, y posteriormente por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en sendas sentencias, que Almeragua S.L., la empresa promotora recurrió hasta llegar al Tribunal Supremo.

Ahora, el Supremo no ha admitido a trámite el recurso de la promotora por considerar que existe una «falta de fundamentación suficiente de los supuestos invocados» y por «carencia, en los términos en los que ha sido preparado el recurso, de interés casacional objetivo». El alto tribunal ha fijado además en 500 euros la indemnización de la promotora a las partes recurridas y personadas en el caso, es decir, el Ayuntamiento de Roquetas de Mar y la compañía aseguradora Mapfre.

Como ya informó IDEAL el pasado mes de abril, la sentencia del TSJA cuyo recurso ha rechazado el Supremo denegó las indemnizaciones solicitadas por la promotora, asegurando que «no ha habido una acción u omisión de la Administración que haya generado la responsabilidad que se reclama, ya que la licencia concedida fue controvertida desde su concesión, y se otorgó en base a un proyecto básico en virtud del cual no se podían iniciar las obras hasta que no se aprobarse el proyecto de ejecución, que no se aprobó, y que dependía de un Plan parcial también impugnado, y luego anulado, todo ello conocido por Almeragua S.L.».

La sentencia también expuso en su día que «se advirtió a la mercantil de que no podía iniciar las obras hasta que se aprobarse el proyecto de ejecución, que no fue aprobado inicialmente», por lo que el inicio de las obras «lo realizó la mercantil por su cuenta y riesgo».

Tanto el Contencioso número 3 de Almería como el TSJA consideraron que «existe actitud negligente por parte de la mercantil» por lo que «no puede darse derecho a indemnización cuando la licencia, posteriormente anulada, no fue respetada por la propia mercantil, que además conocía los procedimientos judiciales iniciados».

Por último, la sentencia del Juzgado de lo Contencioso también dejó claro que «la sola anulación de una licencia de obras no es suficiente para generar responsabilidad patrimonial de la Administración, sino que es necesario que, además de la anulación, haya un perjuicio antijurídico y una actuación fuera de los márgenes de razonabilidad, requisitos que no se aprecian en este caso».

Por su parte, el TSJA no constató nexo de causalidad entre la actividad o inactividad del Ayuntamiento y los daños que se reclamaban, ya que «los daños, en todo caso, serían culpa exclusiva de la mercantil, que asumió el riesgo temerario de iniciar una obra de gran envergadura pese a que no estaba autorizada».

Grandes movilizaciones

El proyecto generó una de las mayores movilizaciones que se recuerdan en el municipio de Roquetas de Mar, llegándose a presentar más de 500 alegaciones por parte de partidos políticos, colectivos y ciudadanos particulares, que rechazaron la grave alteración paisajística que supondría realizar grandes desmontes en los acantilados de Aguadulce para construir cientos de viviendas.

En aquellos año hubo manifestaciones, que se repitieron una vez que los tribunales anularon el proyecto, para reclamar tanto el blindaje normativo de los acantilados con el fin de evitar que en el futuro vuelvan a intentarse en esa zona proyectos similares, así como la recuperación de todo el espacio dañado por los desmontes realizados en su día.

Desde entonces esta cuestión se ha tratado en varias ocasiones en el pleno por parte de la oposición, pero hasta el momento, que se sepa, ninguno de los dos asuntos, ni las normas urbanísticas que permitían el proyecto, ni la recuperación de los acantilados, han sido abordados por el Ayuntamiento.