El Seprona afirma que el vertedero de Roquetas carecía de «ningún tipo de control» ni «licencia»

Los agentes del Seprona que inspeccionaron las casi dos hectáreas en las que, según calculan, se produjo un acopio indiscriminado de residuos durante casi diez años en Roquetas de Mar han asegurado que el responsable de la finca no ejercía «ningún tipo de control» ni en la entrada de los restos, ni en la acumulación, ni en la gestión a la que pudieran someterse los mismos, puesto que se depositaban directamente sobre suelos «sin impermeabilizar».

«No tenía ni permisos ni licencias», han explicado durante el juicio celebrado en el Juzgado de lo Penal número 4 de Almería en relación al acusado, para el que la Fiscalía pide tres años de prisión por un delito agravado contra los recursos naturales y el medio ambiente y el pago de una multa de casi 3,6 millones de euros por la contaminación de suelos.

El entonces jefe del Seprona que dirigió la investigación ha incidido en que la actividad «clandestina» del vertedero, distribuido en cinco fincas, se habría dado con pleno conocimiento del empresario acusado, al que identificaron sobre el terreno después de que él mismo, según ha aseverado, se presentara como el responsable a requerimiento de los agentes. A través de sus gestiones también verificaron que también figuraba como administrador de la mercantil ligada a la actividad.

«Era una cantidad muy relevante --de residuos-- y lo que nos sorprendió es que en la parcela anexa de la rambla de Pastor había residuos peligrosos y no peligrosos, con lixiviados, con apertura de zanjas con aguas fecales. Lo más importante es que no había impermeabilización, lo que podría derivar en daños perjudiciales para las aguas subterráneas y el subsuelo», ha detallado el mando en su declaración.

Según ha manifestado, el vertedero no cumplía «no con los procedimientos básicos de admisión de residuos», puesto que la entrada no estaba controlada ni se valorizaban de ninguna manera los aportes de material que allí se arrojaba, de modo que incluso se desconocía su procedencia al no estar anotado documentalmente.

Las fotos satelitales, según ha precisado el mando policial, permitieron situar el inicio de los acopios en torno a 2010, aunque las montañas de residuos de hasta cuatro metros de altura eran incluso visibles desde la autovía, según ha narrado ante la jueza Marta Inés Sierra.

Con base en su inspección, ha apuntado que los residuos podía llegar a catalogarse de alguna manera al separarse los restos de construcción y demolición en alguna parte, si bien estos mismos iban «mezclados con madera y otras cosas». «No se hacía nada, ni un pesaje a la entrada. Vimos a particulares vertiendo directamente», ha añadido a preguntas del fiscal.

El agente ha apuntado que mientras estuvo al frente de la unidad inspectora, al menos hasta septiembre de 2022, se mantuvieron los vertidos conforme a sus comprobaciones, algunas de las cuales quedaron anotadas en acta y otras --«multitudinarias», ha dicho-- fuera de ella. Por su parte, el secretario del atestado ha respaldado esta versión y ha incidido en que la finca albergaba residuos «de toda índole». «Me llamó mucho la atención, era algo extraordinario. Nunca he visto nada parecido», ha aseverado.

Barredoras municipales

En sus declaraciones, los agentes han explicado incluso que durante su inspección se identificó, además de restos de invernaderos y de construcción, el arrojo de residuos limpiados diariamente por las barredoras de la empresa Urbaser, con la que el Ayuntamiento de Roquetas de Mar tenía contratado el servicio de limpieza viaria. En este sentido, se llegó a denunciar a la concesionaria ante la Junta de Andalucía.

En esta línea y petición de la defensa, ha declarado también como testigo un exempleado de la empresa Urbaser ya jubilado quien ha explicado que él acudió en distintas ocasiones hasta las fincas contaminadas para realizar el vaciado de la máquina barredora que ha conducido durante unos cinco años aproximadamente.

Este empleado jubilado, quien ha apuntado que dejó de realizarse esta práctica tras las inspecciones de Guardia Civil, ha señalado que él nunca tuvo que dar cuenta del depósito de los residuos que arrojaba en la zona, ya que era una práctica extendida entre todos sus compañeros.

«Íbamos a la planta Ojeda a descargar y ya está», ha añadido sin poder precisar si había alguna otra empresa que realizara las mismas labores y sin concretar de dónde venían las instrucciones para que los restos de basuras que se recogían de las calles del municipio acabaran en las ramblas anejas.

Zanjas para enterrar

Los agentes han añadido además que, durante el tiempo en el que se realizaron las recurrentes inspecciones, tampoco atisbaron ninguna mejora o medida correctora para evitar daños medioambientales, de forma que incluso en una de las visitas localizaron una zanja de grandes dimensiones en una parcela en la que había «toneladas de sandías» en suelo sin impermeabilizar.

Desde el Seprona se solicitó auxilio para realizar análisis de suelos a la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (Ucoma) y al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses para comprobar el estado de los suelos, sobre todo, por la apreciación de lixiviados en ramblas y zonas de dominio público hidráulico.

Los expertos constataron mediante las pruebas recabadas la acumulación de residuos en suelos sin tratamiento previo donde se mezclaban «residuos no peligrosos y peligrosos», lo que en definitiva «hace que toda la cantidad reunida tenga características de peligrosos, lo que ahonda más en el delito medioambiental».

En este sentido, han constatado que los residuos depositados supusieron un «suelo claramente afectado» y un «daño potencial sobre aguas subterráneas» por la materia orgánica en descomposición acumulada, lo que también derivaba en emisiones a la atmósfera y suponía un riesgo para los hábitats circundantes.

«Se podría dar un potencial daño en la salud de las personas, según los usos de las aguas subterráneas», han añadido durante el juicio en el que la defensa solicitó que la vista se pospusiera por una grave enfermedad que padece el acusado, la cual le impedía hablar por prescripción médica hasta una próxima intervención quirúrgica.