La Policía destapa mordidas por obras y pagos para campañas electorales del PP en Almería

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La UDEF investiga la actividad de esta constructora en varios municipios de Almería desde hace años. Concretamente, seis en los que apenas se habían dado avances de calado. Pero especialmente centra sus indagaciones en dos: Roquetas de Mar y La Mojonera. Sólo en el primero de estos municipios, el regido por el presidente del Partido Popular de Almería, Gabriel Amat, la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal, la UDEF, ha observado cómo se detecta «falta de documentación» en los 62 expedientes de obra adjudicados al grupo Hispano Almería, con el que se llegó a contratar 77,5 millones de euros en proyectos como la Plaza de Toros, el Teatro Auditorio o la residencia de ancianos. Según las indagaciones de la UDEF, las «entregas» relacionadas con los expedientes de obra en Roquetas de Mar ascenderían a casi 7,3 millones de euros.

El informe, denominado 'Operación Terminus', ingresado en el Juzgado de Instrucción número 3 de Almería este verano –y al que ha tenido acceso este diario– detalla en centenares de folios cómo la constructora habría utilizado una «contabilidad B» para «gratificar» la concesión de las adjudicaciones. En algunas ocasiones a «los técnicos municipales que emiten los informes» para los proyectos, para la valoración de las ofertas u ostentan el control «durante la ejecución de las obras». Pero la mayor parte de estas entregas tienen un destino que «se ignora». Son aproximadamente 5,4 millones de euros. Durante los primeros pasos de la instrucción de esta causa, uno de los empleados de Hispano Almería relacionó en su declaración ante el juez los recibís investigados con pagos a funcionarios y políticos.

La investigación se centra en obras públicas que se adjudicaron entre los años 2000 y 2010, ambos inclusive, en Roquetas de Mar. Durante todos estos años, el Gobierno local fue regido por Gabriel Amat, presidente del PP almeriense y, a su vez, uno de los pesos pesados de los populares a nivel autonómico y nacional.

La policía enumera lo que considera que podrían ser diversas «irregularidades», la mayoría de carácter «administrativo» que, a su juicio, dejan «entrever» lo que llegan a calificar como «cierta connivencia entre los técnicos y responsables municipales con la dirección de la empresa». Por ejemplo, el hecho de que «de manera sistemática» se incumpliesen los plazos de ejecución, clave para la asignación de la obra a la constructora, o que se den «modificaciones» contractuales con sobrecostes que «en ocasiones» superan el 20% del presupuesto inicial, cuantía que obligaría a la paralización del contrato y el lanzamiento de un nuevo concurso público. «Todas las modificaciones», añade a su vez, «son propuestas por técnicos municipales que en su momento informaron favorablemente los proyectos iniciales» que después se vieron ampliamente superados en coste público.

Ahora bien, de forma especial pone el acento la Policía en «otros recibís» que no irían vinculados a la ejecución de obras y que presuntamente se corresponderían con «aportaciones» al Partido Popular de Almería «para financiar campañas electorales». Menciona el informe policial cómo en el año 2003, en el que se celebraron elecciones municipales, constan dos entregas. Una de 36.000 euros «asociados a Roquetas de Mar» y otra de 18.000 euros que incluye como destino «campaña municipal» mencionando el nombre de dos expolíticos del PP, uno de ellos fallecido, junto a un añadido: «Diputación». Ya en 2008, cuando se celebraron elecciones autonómicas andaluzas y generales se detecta un nuevo recibí, en este caso con 25.000 euros «asociados a Níjar», indica el informe policial.