Roquetas y la Junta aúnan esfuerzos para favorecer el empleo de colectivos vulnerables y jóvenes

El delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Amós García Hueso, ha destacado «la colaboración con el ayuntamiento roquetero para ofrecer oportunidades de empleo a los vecinos de este municipio a través de este programa de la Junta que facilita que personas desempleadas adquieran las competencias profesionales y técnicas necesarias para acceder al mercado laboral».

El programa T-Acompañamos cuenta con dos modalidades: una dirigida a colectivos vulnerables, que se convocó en 2023 y se está desarrollando en la provincia con 41 proyectos, entre ellos el del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, en los que se prevé beneficiar a más de 3.300 personas; y otra enfocada en jóvenes de 18 a 30 años desempleados e inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, que se ha convocado en noviembre de 2024 y cuyos primeros proyectos están dando ya comienzo. Entre las 13 iniciativas ya aprobadas en esta segunda modalidad para atender a un total de 886 jóvenes de la provincia figura la del consistorio roquetero.

Además, en Roquetas de Mar se están llevando a cabo otros tres proyectos enmarcados en T-Acompañamos que llevan a cabo las asociaciones de Inmigrantes Senegaleses y Humanitarios Sin Fronteras y la entidad de formación Serendipia, que suman 1.282.500 euros en ayudas de la Consejería de Empleo para prestar una atención integral para su inserción laboral a 285 personas desempleadas de colectivos vulnerables.

Mediante estos proyectos, entidades sin ánimo de lucro, empresas de inserción, empresas de formación y corporaciones locales desarrollan actuaciones de orientación laboral, formación y acciones de prospección en el mercado de trabajo para promover el acceso al empleo de los participantes.

Las actuaciones incluyen diagnósticos de empleabilidad y el diseño del itinerario personalizado de inserción que facilitará la búsqueda de empleo a los participantes, así como acciones formativas para que adquieran conocimientos técnicos y competencias laborales, actuaciones de acompañamiento en el empleo, preparación para la incorporación laboral, prospección del mercado laboral, captación de ofertas y propuesta de candidaturas de los participantes.

El programa establece que al menos el 40% de las personas participantes en estos proyectos a las que se les diseñe un proyecto integrado deberá lograr su inserción laboral, por cuenta propia o por cuenta ajena.

Pueden participar en la primera modalidad de estos proyectos integrales personas desempleadas inscritas como demandantes de empleo no ocupados en el SAE pertenecientes a colectivos vulnerables como son las personas con discapacidad, personas en desempleo de larga duración (durante 12 meses dentro de los 18 meses anteriores al inicio del proyecto), mayores de 45 años, personas migrantes, en situación de exclusión social o perceptoras de prestaciones, subsidio por desempleo o Renta Activa de Inserción.

En la segunda modalidad, los participantes son jóvenes desempleados inscritos en el Servicio Andaluz de Empleo, de 18 a 29 años e inscritos en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

Para el desarrollo y financiación de estas acciones, las entidades reciben 3.500 euros por cada persona atendida, cantidad que incluye un incentivo de 528 euros que recibirán los desempleados si han participado, al menos, en 10 horas de acciones de orientación laboral y uno o varios cursos de formación de, al menos, 50 horas en total.

Los proyectos también recogen acciones para la inserción, con una ayuda a las entidades de 2.500 euros por cada una de las personas insertadas que deberán haber recibido, al menos, 40 horas de orientación laboral y acompañamiento al empleo y se incorporen al mercado laboral, por cuenta propia o por cuenta ajena, por un periodo no inferior a 4 meses o 3 meses, en el caso de que desarrolle la actividad profesional en el sector agrario.

Las ayudas se abonan mediante un anticipo del 80% del importe total con el fin de garantizar la participación de estas entidades con unos parámetros de igualdad y asegurar que el resultado final de los proyectos repercuta en las personas destinatarias, con independencia de las circunstancias económicas y coyunturales de las mismas, siendo el 20% restante abonado tras su justificación.