Roquetas aprueba un plan con medidas para recortar el consumo de agua en caso de sequía

El alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, aseguró ayer que con la aprobación de este plan se pretende recopilar y ordenar la información básica sobre las demandas y la valoración de disponibilidades de recursos del municipio.

«Somos conscientes de los problemas de sequía que atraviesa todo el país y queremos estar preparados para actuar con responsabilidad y mitigar en la medida de lo posible los daños en caso de que se produjeran problemas de escasez o desabastecimiento en nuestro municipio», señaló Amat.

Por su parte, la concejal de Presidencia y delegada de Economía Circular, Rocío Sánchez, detalló los objetivos de este Plan de Emergencia por Sequía que «nos permitirán definir los estados de riesgo de escasez vinculados a sequías en su propio sistema y establecer responsabilidades en la toma de decisiones y en la forma de gestionar las diferentes situaciones posibles de sequía».

El documento incluye el establecimiento de objetivos de reducción de la demanda y el refuerzo de las disponibilidades, así como orientación sobre las medidas a implantar en las diferentes situaciones de escasez en que se puede encontrar el sistema de abastecimiento.

El Plan de Emergencia ante situaciones de sequía ha sido elaborado por la empresa concesionaria del servicio de suministro de agua y alcantarillado, Hidralia, habiendo recibido el visto bueno por parte de los técnicos municipales.

Obligatorio

Según destacó el Consistorio roquetero a través de una nota, con la redacción y posterior aprobación se cumple con lo dispuesto en la Ley de Aguas de Andalucía de 2010, que obliga a todos los municipios andaluces a tener aprobado un plan de contingencia ante situaciones de sequía. Años antes ya existía esa obligación, tal y como se recoge en la resolución de la Junta de Gobierno Municipal, en la que también se menciona la necesidad de disponer de un documento de este tipo desde la aprobación de la Ley del Plan Hidrológico Nacional de 2001, que recoge que las administraciones responsables de abastecimiento urbano con una población igual o superior a 20.000 habitantes deberán tener un Plan de Emergencia ante sequías.