IU quiere una auditoría «integral» sobre la gestión de Amat con los suelos de la Variante

IU quiere una auditoría «integral» sobre la gestión de Amat con los suelos de la Variante

La formación reclama igualmente determinar las responsabilidades patrimoniales del equipo de Gobierno tras la última sentencia del TSJA

JULIO VALDIVIA ROQUETAS DE MAR

Izquierda Unida de Roquetas de Mar reaccionó ayer jueves a la información desvelada por IDEAL sobre el varapalo dado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que da por válida una resolución de la Comisión Provincial de Valores que el Ayuntamiento recurrió y que le obligaba a expropiar los terrenos de los afectados y pagar, además por las cosechas perdidas.

La formación de izquierdas lamentó las consecuencias económicas que esta nueva resolución tendrá para los roqueteros por la «pésima gestión de los suelos de la Variante por parte del PP de Amat», en palabras de su coordinadora local, Belén Pérez.

Pérez anunció que en caso de acceder al Gobierno municipal el próximo mes de mayo, promoverá una auditoría «integral» sobre la gestión realizada por el PP desde el año 2002 con respecto a los suelos de la Variante. En este estudio, la formación de izquierdas quiere determinar el dinero gastado por el Ayuntamiento en conseguir los terrenos que en condiciones normales debería haber asumido la Junta de Andalucía, así como sentencias judiciales perdidas. También quiere saber las costas judiciales de este último proceso, teniendo en cuenta que el Consistorio rechazaba hacer una expropiación, mientras que paralelamente inició el proceso para expropiar a todos los que lo solicitaron. «Hablamos de la cabezonería de Gabriel Amat, que por nada quiere ver mermadas las plusvalías que supone la Variante para la urbanización de Las Salinas, sector que él vinculó a los suelos de esta necesaria infraestructura y con ello, paralizó su ejecución».

Además de conocer el dinero gastado por el Consistorio en todo este tortuoso proceso para conseguir los terrenos de la Variante, IU quiere determinar las responsabilidades patrimoniales que se deriven del mismo. En este sentido, desde la formación se recordó que la Ley 7/1985, Reguladora de Bases de Régimen Local, establece en su artículo 78 que «los miembros de las Corporaciones locales están sujetos a responsabilidad civil y penal por los actos y omisiones realizados en el ejercicio de su cargo y que las mismas se exigirán ante los Tribunales de Justicia competencias y se tramitarán por el procedimiento ordinario aplicable». Además, establece que «serán responsables de los acuerdos de las Corporaciones locales los miembros de las mismas que los hubiesen votado favorablemente y que las Corporaciones podrán exigir la responsabilidad de sus miembros cuando por dolo o culpa grave, hayan causado daños y perjuicios a la Corporación o a terceros, si éstos hubiesen sido indemnizados por aquella».

La sentencia, desvelada ayer por IDEAL, rechaza el recurso presentado por el Ayuntamiento contra la decisión de la Audiencia Provincial de dar la razón a la Comisión Provincial de Valoraciones que reconocía el derecho a ser indemnizado por los terrenos y las cosechas perdidas tras ocuparse sus terrenos por las obras de la Variante.