El PSOE sospecha del desfase de 2 millones en el contrato de basuras

El PSOE sospecha del desfase de 2 millones en el contrato de basuras

Teniendo en cuentaque se trata de una reciente adjudicación, los socialistas creen que o se calculó mal el costeo es intencionado

J. VALDIVIA ROQUETAS DE MAR

Mientras los efectos de la huelga de basuras iniciada el domingo por la noche, son cada vez más patentes en las calles del municipio, siguen produciéndose reacciones políticas. Ayer martes fue el PSOE el que volvió a pronunciarse sobre el asunto, después de acusar el sábado, al alcalde, Gabriel Amat, de «ponerse de perfil» en el conflicto e instarle a implicarse para resolverlo.

García se ha mostrado alarmado por el desfase de 2 millones de euros que el alcalde anunció este fin de semana, entre lo que tiene de presupuesto la empresa y los costes laborales, sobre todo porque la adjudicación del servicio es reciente, y por tanto, debió contemplar los costes reales.

Un problema del que el candidato a la Alcaldía de Roquetas por el PSOE ha culpado a la «incompetencia del alcalde». Manolo García recordó, en este sentido, que la empresa concesionaria ya se negó a negociar con los trabajadores en 2015, poniendo entonces como «excusa» la nueva licitación del contrato. Dos años después llegó a haber protestas de los trabajadores con convocatoria de huelga incluida y con problemas de limpieza que «ya eran evidentes en las calles», y pese a todo «se volvió a adjudicar el servicio a Urbaser sin exigirle garantías de cumplimiento de sus obligaciones», denunció. García recordó, en este sentido, que la oferta de esta empresa no fue la más valorada por el comité de expertos encargado de analizar las propuestas desde el punto de vista técnico.

Ello lleva al PSOE a pensar que la problemática surgida con la huelga es «un ejemplo más» de lo que consideran «falta de previsión y de visión del todavía alcalde y su equipo», que no han tenido en cuenta lo que podría suponer la renovación del convenio colectivo y la actualización de las nóminas de los trabajadores que estaban congeladas desde 2011 y que «se sabía que tenían que actualizarse». Por ello, García se preguntó «si se puede fiar uno de una empresa y un político que gestionan así los intereses de los ciudadanos». y aseguró que «detrás de esta excusa puede estar, una vez más, la pillería del alcalde de intentar modificar las condiciones económicas del contrato y que seamos los ciudadanos los que acabemos pagando esos dos millones de euros que ni la empresa ni el Ayuntamiento tuvieron en cuenta en su momento por su torpeza, o bien ocultaron intencionadamente». Algo, esto último, que Manolo García no descarta «conociendo otros antecedentes en los que se adjudican contratos a la baja con la intención de beneficiar a una empresa en concreto, que acaba ganando la licitación y a la que posteriormente se le permite introducir modificaciones y mejoras en el contrato para acabar pagándole la diferencia de lo que realmente quieren cobrar por el servicio u obra, tras haber eliminado a la competencia en el proceso de licitación».