El PSOE recurre el archivo del caso de la 'Trama Amat' y denuncia «indefensión»

Su sustituto por tanto, deberá analizar el recurso presentado por el PSOE, que denuncia entre otras cosas que el acuerdo de sobreseimiento de la causa se produce «sin que se hayan practicado todas y cada una de las diligencias de investigación acordadas por la propia autoridad instructora, encaminadas a esclarecer los hechos que dieron lugar a la incoación de estas diligencias previas».

Para los abogados del PSOE, el hecho de que el archivo se haya realizado sin haber terminado los trabajos de investigación ordenados por la media docena de jueces que han pasado ya por el caso, es «suficiente» para admitir su recurso «al menos para que se practiquen todas y cada una de las ya acordadas judicialmente y hasta que se reciban las diligencias de prueba solicitadas consistentes entre otras, en informaciones, documentos, expedientes e informes, cuya obtención o realización se consideraron necesarios por la instrucción del procedimiento para el esclarecimiento de los hechos que dan lugar a este procedimiento», según aseguran los representantes del PSOE en el recurso presentado, al que ha tenido acceso IDEAL.

En caso de no atenderse su petición, el PSOE cree que «se está vulnerando el derecho a obtener una tutela judicial efectiva, si se produce el archivo de la causa sin ni tan siquiera practicar lo que la propia instrucción del procedimiento ha ordenado y consideró necesario para valorar la trascendencia penal de los hechos que motivan las presentes diligencias».

Otra cuestión llamativa que el recurso presentado por el PSOE plantea, es que el sobreseimiento de la causa se ha producido sin dar antes cumplimiento a la apertura de nuevas piezas separadas acordadas por la instrucción del caso. Es el caso de Promociones Carretera del Faro SL y Promociones Turaniana SA, sobre las que el juzgado acordó la apertura de piezas separadas el 15 de marzo de 2018, paso que no se ha llegado a dar. «Se resuelve abrir piezas separadas que no llegan a materializarse y por tanto, el sobreseimiento de la causa, lo impide ya de facto», dicen los abogados del PSOE.

Sin fundamentos

Además, se advierte que «no se fundamenta en el auto de sobreseimiento la motivación de tal decisión, pudiendo darse, por tanto, arbitrariedad en la decisión de sobreseimiento sino se produce tal circunstancia».

En tercer lugar, el recurso plantea que «no se han practicado las diligencias imprescindibles para el esclarecimiento de los hechos» provocando a su juicio «indefensión». Según se recoge en el mismo «el propio auto de sobreseimiento manifiesta la vinculación entre las decisiones políticas y las mercantiles objeto de investigación, pero en lugar de seguir practicando diligencias de investigación, para esclarecer y despejar cualquier atisbo de ilícito penal, acuerda no continuar con la misma».

De hecho, desvela que algunas de esas diligencias son «sugeridas por los propios informes recabados de otras autoridades o funcionarios y que obran en las actuaciones, todas ellas imprescindibles para avanzar en la investigación o despejar cualquier ilícito penal, sobre las decisiones adoptadas desde instituciones públicas en relación con esas empresas».

«Injustificable»

El recurso califica de «injustificable», el hecho de que «no se acuerden ni siquiera las diligencias solicitadas por el Ministerio Fiscal» y dice no entender «que se acuerden practicar diligencias básicas, iniciales para seguir aclarando los hechos relacionados con 103 sociedades, para arrancar la investigación, consistentes en la emisión de informes diversos, y que no se acuerde lo mismo, sobre las otras 22 más que, para mayor abundamiento son interesados por el Ministerio Fiscal ya que se encuentran en idéntica situación que las 103 mercantiles restantes, y que son el punto de partida para despejar todo tipo de dudas en relación con los hechos y personas objeto de las presentes actuaciones».

El recurso cree que no es «coherente» que se traten de la misma forma todos los acuerdos públicos que pudieran tener relación con todas las sociedades investigadas «a pesar de que reconoce la autoridad judicial en diversas resoluciones la existencia de relación entre quien decide desde lo público y el capital social de las sociedades». En este sentido, se considera que está «muy claro» el ámbito y objeto de la investigación «que queda fijado con nitidez en los escritos de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía», por lo que se rechaza la existencia de una investigación «prospectiva» como señala la juez en el auto, asumiendo los argumentos de los abogados de Gabriel Amat.

Los representantes del PSOE, por último, creen que «no es congruente» la postura de la juez y, reconociendo la complejidad de la causa, entienden que «es necesario seguir con las diligencias solicitadas para resolver la perpetración o no de un ilícito penal, en virtud de hacer efectivo el principio de seguridad jurídica que rige nuestro ordenamiento».