El PSOE reclama la restauración de los acantilados dañados por la «aberración urbanística» de la entrada de Aguadulce

Para ello, el PSOE ha presentado una moción en el Ayuntamiento de Roquetas en la que recuerda una reciente decisión del Tribunal Supremo que «pone fin a un largo rosario de demandas y recursos judiciales que han tenido como protagonista la lamentable decisión del Partido Popular de aprobar el Plan Parcial del sector 1, y permitir a la promotora Almeragua S.L. la construcción de un gigantesco bloque con 440 viviendas a la entrada de Aguadulce».

Manolo García ha recordado que fue el PP el que concedió licencia de obras a la promotora en abril de 2006 y fue la Junta de Andalucía la que llevó la decisión a los tribunales, consiguiéndose que en 2014 el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía anulara aquella decisión, que motivó históricas movilizaciones vecinales ante «la aberración urbanística» planteada.

Además, desde el PSOE de Roquetas se pidió, en octubre de 2012 y en marzo de 2014, la nulidad del Plan Parcial y la licencia de obras, así como la restauración y el acondicionamiento paisajístico de todas las parcelas afectadas, por parte de los promotores o, subsidiariamente, el Ayuntamiento. «Ahora la nueva sentencia del Tribunal Supremo, del pasado mes de noviembre, da por finalizada la vía judicial y deniega la petición de indemnizaciones de la promotora, por lo que ya no se puede seguir retrasando la restauración de la zona dañada por los desmontes», reclama el portavoz socialista.

En base a ello, la moción socialista reclama al equipo de Gobierno del PP y Vox que inste a la empresa Almeragua S.L. a presentar un estudio de recuperación y acondicionamiento paisajístico de la fachada marítima de los acantilados existentes a la entrada de Aguadulce, dañados por los desmontes, y que los servicios municipales evalúen el proyecto para su ejecución. En caso de que la empresa no haga el estudio o no ejecute las obras, el PSOE reclama que ambas actuaciones se lleven a cabo de forma subsidiaria por parte del Ayuntamiento, repercutiendo el coste a la promotora, como causante de los daños por unos desmontes que, como han considerado los tribunales en sus decisiones, «ejecutó por su cuenta y riesgo».

«Es hora de que el señor Amat deje de hacer como si este problema generado no fuera con él, sobre todo teniendo en cuenta que fueron sus planes urbanísticos los que permitieron esta barbaridad, ignorando el clamor de la ciudadanía en contra de este proyecto, que él defendió hasta que los tribunales dejaron claro que era indefendible», ha declarado Manolo García.