El Pleno aprueba flexibilizar los desarrollos en suelo agrícola para atraer inversiones

El concejal de Agenda Urbana, José Luis Llamas, defendió la propuesta explicando que en la actualidad este tipo de actuaciones deben tener una superficie mínima de 15.000 metros cuadrados, lo que limita considerablemente el desarrollo de este tipo de proyectos y la normativa «no se ajusta a la realidad económica».

En este sentido, el edil aseguró que esa limitación no existe en los municipios colindantes como El Ejido, Vícar o La Mojonera, lo que está haciendo que muchas empresas opten por llevar a cabo esos proyectos en otras localidades. En este sentido, puso el ejemplo de Kimitec, que tras informarse por las normativas de Roquetas de Mar decidió emprender su proyecto en Vícar.

Con la innovación propuesta, en función del uso permitido, la dimensión de la parcela mínima exigida se establece en 10.000, 5.000 o 2.500 metros cuadrados, o se fija en la parcela existente, ya que la parcela mínima prevista en el PGOU vigente de 2009, de 15.000 metros cuadrados, no encaja con la estructura parcelaria existente y «resulta excesiva para la relación de usos e instalaciones permitidos».

De hecho, según los datos comentados por el edil durante el debate, apenas un 13% de las parcelas del municipio superan los 15.000 metros cuadrados y alrededor de un 27% no llegan ni a superar los 1.500 metros cuadrados.

La propuesta obtuvo un respaldo mayoritario de los grupos. Desde el PSOE se apoyó la idea, aunque para el portavoz socialista, Manolo García, la medida se queda corta, por lo que propuso rebajar el límite de 10.000 a 5.000 metros cuadrados. El edil socialista dijo conocer algún caso de proyecto que quería desarrollar menos de esa cifra y que al final se marchó a Vícar.

Desde Ciudadanos se mostró el apoyo de su grupo a la propuesta, asegurando que su grupo quiere que el municipio siga creciendo y recordando que hay inversores que se están marchando a otras localidades por estas limitaciones, según dijo su portavoz, Pepe Montoya.

Por su parte, desde Vox se anunció el apoyo a la medida, pero su portavoz, José Ignacio Cerrudo, se mostró «preocupado» por lo que calificó como «comodín» de la declaración de utilidad pública o interés social. Algo que el concejal de Agenda Urbana respondió que es algo que viene recogido en la ley y que «se tiene que justificar muy bien». Cerrudo habló también del incremento de la demanda de agua que pudiera ocasionar esta flexibilización y dijo tener la sensación de que esta modificación estaba siendo promovida por algún grupo inversor concreto, «me preocupan los trajes a medida», dijo preguntando si era el caso. Algo que fue negado por el equipo de Gobierno.