El Pleno aprueba definitivamente suprimir las cargas suplementarias de nuevos desarrollos

El Pleno del Ayuntamiento de Roquetas de Mar dio cuenta este viernes, tal y como avanzó IDEAL, de la renuncia de los que eran los únicos concejales que mantenían los grupos de Vox y Ciudadanos, José Ignacio Cerrudo y Daniel Zalalla respectivamente.

Fue una despedida en la que todos se desearon suerte y agradecieron el trabajo de los funcionarios municipales. Destacó especialmente la de Cerrudo, que fue muy crítico con la mayor parte del equipo de Gobierno del PP, encabezado por Gabriel Amat, sobre el que dijo que actitud de bloqueo a todas las propuestas de la oposición ha conseguido unir al resto de partidos, que representan al 60% de los votos, independientemente de su ideología, para apoyar propuestas beneficiosas para la ciudad.

Previamente se procedió al sorteo de la composición de las mesas electorales por el método tradicional de bombo con bolas numeradas. El censo de electores para el 28M está compuesto por 61.979 personas con derecho a voto, habiéndose previsto 100 mesas repartidas en 16 colegios. Entre las novedades, además del traslado de las mesas de la Cámara Agraria a la casa Anita Guerrero, también se trasladarán las del colegio Las Lomas al edificio municipal de El Puerto y las de la pista cubierta de La Gloria al edificio municipal de este barrio.

Aunque hubo numerosos puntos en el orden del día, incluyendo varios urbanísticos, apenas hubo debate en la que será la última sesión de la actual Corporación a falta del Pleno que tendrá que convocarse para aprobar el acta de esta. Poco más de media hora duró la sesión, destacando entre los puntos urbanísticos, la aprobación definitiva de las cargas suplementarias a los promotores por el desarrollo de nuevos sectores urbanísticos.

El punto no tuvo debate, pero cuando se aprobó inicialmente hubo un intenso cruce de acusaciones y críticas entre el equipo de Gobierno, que defendió la medida para facilitar el desarrollo urbanístico, asegurando que estas cargas estaban frenando los proyectos de los promotores, y la oposición, particularmente los partidos de izquierdas, que defendieron que los promotores deben contribuir al desarrollo de los servicios que precisan las nuevas zonas de desarrollo.

Según el equipo de Gobierno del PP estás cargas, incluidas por el propio equipo de Gobierno en el PGOU de 2009, han paralizado por completo la actividad inmobiliaria durante estos años.

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