Piden cárcel y multa millonaria a un empresario por nueve años de acopio «incontrolado» de residuos en Roquetas

La Fiscalía pide para el empresario de 62 años de edad un total de tres años de prisión por un delito agravado contra los recursos naturales y el medio ambiente así como el pago de una multa de casi 3,6 millones de euros conforme a las valoraciones económicas realizadas sobre el daño provocado en el paraje de Las Palmerillas, donde se acumulaban los residuos.

En su escrito, consultado por Europa Press, la Fiscalía apunta el alto grado de contaminación registrado en la zona, al menos, entre 2013 y septiembre de 2022; fecha en la que el Ayuntamiento de Roquetas de Mar accedió como «medida provisional» al precinto de las instalaciones mediante un expediente sancionador.

El empresario, que participaba con un socio fallecido en 2019, efectuaba a través de la mercantil destinada a la recogida, valorización, reciclaje, recuperación, tratamiento e incineración de toda clase de residuos y desechos, «tanto peligrosos como no peligrosos», si bien los terrenos mostraban un «acopio incontrolado» de basuras, sobre todo plásticos procedentes de invernaderos y restos de cosechas que estaban «en estado de putrefacción».

Las parcelas, descritas como si de basureros ilegales se trataran, también contenían en menor medida aunque en cantidades importantes otros residuos procedentes de la construcción, maderas de enseres domésticos, neumáticos, carrocerías de vehículos, aceites industriales usados y aparatos eléctricos y electrónicos, todo ello «sin cumplir las preceptivas prescripciones necesarias para impedir la contaminación del suelo y de las aguas superficiales-subterráneas».

En este sentido, destaca la fiscal que el Seprona halló en su investigación varias zanjas con «aguas residuales urbanas e industriales» vertidas, así como «lixiviados procedentes de residuos agrícolas en estado de putrefacción» sin que estuviera garantizada la recogida «eficaz» de los efluvios, puesto que el terreno estaba sin impermeabilizar.

Plásticos, neveras y melones podridos

Los agentes del Seprona de la Comandancia de Almería pudieron comprobar mediante una inspección en julio de 2021 el estado de, al menos, tres parcelas de la empresa en la que encontraron una gran cantidad de residuos, de modo que si bien muchos se correspondían a restos agrícolas como plásticos de invernadero o tomates y melones «podridos», también había neveras, neumáticos y restos de obras en pilas de hasta cuatro metros de altura.

Solo en la primera parcela inspeccionada hallaron residuos agrícolas a una altura máxima de tres metros en una superficie total de 4.700 metros cuadrados. Asimismo, comprobaron que había dos puntos de vertidos «incontrolados», donde se depositaban residuos de la construcción, sobre 1.700 metros cuadrados y con hasta cuatro metros de altura, así como «maderas mezcladas con enseres domésticos, plásticos y neumáticos» que se repartían sobre 350 metros cuadrados situados en otro punto.

En una segunda parcela sin impermeabilizar y sin cumplir «las preceptivas condiciones de higiene y de seguridad», se hallaron plásticos agrícolas que ocupaban una superficie de 2.000 metros cuadrados hasta alcanzar los tres metros de altura.

En este espacio se localizó, además, un depósito de residuos no peligrosos procedentes de la limpieza viaria del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, los cuales ocupaban una superficie de terreno de 800 metros cuadrados con una altura en cota máxima de tres metros, así como 300 metros cuadrados con restos de tomates y melones «en estado de putrefacción». Estos restos vertían una «gran cantidad de lixiviados» a un cauce de dominio público hidráulico.

La tercera parcela, donde los residuos también entraban en contacto directo con el suelo, se encontraron residuos de construcción mezclados con residuos domésticos -basuras domiciliarias- y algunos aparatos eléctricos y electrónicos, «ocupando una superficie de 7.713 metros cuadrados y con una altura en cota máxima de 3,5 metros».

En dicho lugar, y a 20 metros del cauce de la Rambla El Pastor, además, se advirtió la ejecución de obras de apertura sobre el terreno, en una zona de 12,5 metros cuadrados, con una profundidad aproximadamente de un metro, donde «se habían vertido lo que parecían ser aguas residuales procedentes del saneamiento de viviendas y o instalaciones industriales», según apunta el escrito.

Los agentes del Seprona cursaron una segunda visita a los terrenos un año después, en julio de 2022, donde tomaron muestras de las aguas residuales vertidas en la zanja abierta en la última parcela así como de lixiviados de residuos domésticos y agrícolas, que fueron remitidas al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

El informe pericial determinaba, según la Fiscalía, que con base en su «potencial tóxico» y la «disposición en balsas o zanjas en el suelo», dichos líquidos podían «dañar sustancialmente las características del suelo» así como las aguas subterráneas «dependiendo de la cantidad depositada y de su continuidad».

Acciones «clandestinas»

La empresa, para la que se solicita una multa de 50 euros diarios durante tres años y una inactividad por el mismo periodo, no habría podido tampoco acreditar documentalmente «el origen y destino final de los residuos que gestionaba», toda vez que no consta tan siquiera la existencia de solicitud de autorización ambiental integrada (AAI) para llevar a cabo el tratamiento de los residuos, así como de licencia municipal.

En esta línea, la Fiscalía apunta que la mercantil habría funcionado durante todo ese tiempo «de forma clandestina», de modo que con su actividad habría infligido además hasta cuatro leyes andaluzas relativas al medio ambiente, entre ellas, la de economía circular, la de prevención y control integrados de la contaminación y la de protección ambiental de Andalucía.

El informe pericial realizado por la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente de la Guardia Civil en junio de 2024 constató que el constante vertido de residuos pudo causar «daños sustanciales en la calidad del aire y las aguas» así como sobre los ecosistemas cercanos a esta zona, de modo que los perjuicios al medio ambiente habrían tenido un impacto económico de unos 3.597.457,35 euros.

Además de los tres años de prisión, la Fiscalía también solicita para el acusado el abono de una multa de 20 meses a razón de 12 euros diarios y su inhabilitación durante tres años para estar al frente de cualquier empresa o entidad dedicada a la gestión de residuos.

Tanto este como la empresa deberán responder económicamente no solo a la cantidad en la que se han tasado los daños sino también a los costes que suponga para la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Roquetas de Mar la recuperación del terreno mediante un plan de restauración y la retirada de los residuos de la zona. El juicio está previsto para el próximo 29 de septiembre en el Juzgado de lo Penal número 4 de Almería.