El parking de la discordia: una promotora quiere quedarse 800 plazas públicas para uso privado

El Pleno debate hoy el futuro de las 800 plazas construidas hace 18 años cerca del Palacio de Congresos y que forman parte de un acuerdo con el Ayuntamiento

JULIO VALDIVIA ROQUETAS DE MAR

El Pleno del Ayuntamiento de Roquetas de Mar tratará este jueves, entre otros asuntos, el destino de las 800 plazas de aparcamiento que se construyeron en su día en unos edificios de la avenida Pedro Muñoz Seca de Aguadulce para dar servicio al Palacio de Congresos y Exposiciones. Estas plazas fueron parte de un acuerdo entre el Ayuntamiento y los promotores, comprometiéndose estos a construirlas para un uso público, pero después de 18 años construidas siguen sin uso.

La empresa propietaria presentó el pasado mes de abril un escrito en el Ayuntamiento explicando las razones por las que el parking no ha entrado en servicio en estas casi dos décadas, y solicitando al Consistorio roquetero que dé por cumplida su obligación y permita el uso privado de las plazas, colectivo o individualizado.

La petición, que será analizada por el Pleno de la Corporación, tiene un informe desfavorable de los técnicos del área de Agenda Urbana y rechazan la posibilidad del cambio a uso privado de las polémicas 800 plazas de aparcamiento.

De acuerdo con la documentación a la que ha tenido acceso IDEAL, los promotores consideran cumplido el compromiso adquirido en su día, puesto que las 800 plazas de aparcamiento están construidas desde hace tiempo, pero hay que recordar que no las han puesto en servicio hasta ahora. Como justificación a la falta de funcionamiento de las mismas, la empresa propietaria asegura que la crisis económica de 2008 «no ha permitido la inversión precisa» y «no ha surgido la demanda imprescindible para ello».

Unos compromisos que han ido menguando con los años

El convenio de los 800 aparcamientos es el último capítulo, por ahora, del largo historial que tiene el desarrollo de esta zona de Aguadulce. Un proceso que se inició en el año 1985, cuando el Ayuntamiento acordó con los promotores, a cambio de aprobar el desarrollo de la zona, la cesión gratuita de 30.000 metros cuadrados, de los que 15.000 eran suelo urbano y el resto urbanizables, así como una nave de 2.000 metros cuadrados para pabellón de deportes. Sin embargo, las condiciones se cambiaron en 1999 por 1.500 plazas, que finalmente se quedaron en las 800 mencionadas. Ahora los promotores quieren dar por saldado el acuerdo quedándose las plazas.

Esa falta de demanda se debe, según la empresa, a que las plazas se encuentran ubicadas en edificios que ya tienen plazas para sus residentes, además de encontrarse en una zona con calles amplias y espacios libres cercanos. Y por otro lado, recuerdan que la finalidad de estas plazas era dar servicio al Palacio de Congresos y Exposiciones, que «tampoco ha dado lugar a un requerimiento de aparcamientos de la entidad suficiente para demandar estas plazas», entre otras cosas, recuerdan, porque en su día se dotó al centro de exposiciones de amplias zonas de aparcamiento «que lo sirven adecuadamente» y por tanto, han hecho que «la finalidad de dedicar estas 800 plazas a su servicio haya quedado sin sentido».

La empresa concluye que las plazas «se encuentran en una situación de desuso y nadie, ni público ni privado, se interesa por su puesta en marcha como parking de propiedad privada y uso público», dicen en el escrito.

Los técnicos municipales sin embargo, se oponen a las pretensiones de la empresa, recordando la obligación de la misma de cumplir el acuerdo y mantener la carga registral de las parcelas afectadas. Aseguran en su informe que «supondría una modificación del convenio urbanístico suscrito con justificación en un interés meramente privado y sin fundamento alguno en el interés público». «Debe desestimarse la solicitud interesada», insisten los técnicos municipales en su informe, que recuerdan que la «obligación de cumplir con los deberes derivados del convenio de referencia, la necesidad de darse cumplimiento a dichas obligaciones», y en todo caso, en caso de producirse una modificación esta debe estar «amparada en un verdadero interés público».