La Junta mantiene que la Oferta de Empleo de 2016 no se ajusta a la norma

La Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería salió al paso de las declaraciones del concejal de Recursos Humanos y Empleo del Ayuntamiento de Roquetas, José Juan Rodríguez, que acusó a la Junta de paralizar la Oferta de Empleo del Consistorio roquetero año pasado.

La Administración autonómica admitió este miércoles que efectivamente formuló requerimiento de anulación o modificación de dicha oferta, el entender que incumplía la normativa básica estatal sobre reposición de efectivos y promoción interna. Un requerimiento atendido por el Ayuntamiento de Roquetas «parcialmente» ya que al parecer eliminó la oferta las plazas de Policía Local y las afectadas por la tasa de reposición de efectivos, pero la mantuvo en la parte que correspondía a plazas a cubrir por promoción interna, a la que no son de aplicación los límites que las sucesivas leyes de presupuestos generales del Estado han venido estableciendo para los puestos de nuevo acceso.

Según la Junta, tras dicha modificación, la práctica totalidad de la oferta se pretendía realizar por el sistema de promoción interna, lo cual, como informó al parecer el Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, «no es posible, ya que aunque no existe actualmente un límite porcentual aplicable con carácter general, la jurisprudencia es clara en que dicha vía no puede menoscabar el derecho constitucional de los ciudadanos a acceder en condiciones de igualdad a los empleos y cargos públicos, por lo que la Junta de Andalucía impugnó dicha oferta de Empleo ante la jurisdicción contencioso-administrativa».

La impugnación se encuentra actualmente en trámite y la ejecución de la Oferta Pública de 2016ha sido suspendida cautelarmente por el Juzgado nº 2 de Almería. Por lo que se refiere al plan para este año 2017, recientemente aprobado por el Ayuntamiento de Roquetas de Mar, «no se ha encontrado motivo de impugnación, al respetar dichos límites impuestos por la normativa básica estatal de tasa de reposición y promoción interna compatible con el derecho general de acceso libre», aseguró la Administración autonómica.

La delegada del Gobierno, Gracia Fernández, subrayó que «la Junta de Andalucía, como ha manifestado siempre al propio Ayuntamiento y a la Junta de Personal, no tiene ninguna intención de obstaculizar la política de personal del Ayuntamiento de Roquetas de Mar ni coartar los derechos de sus trabajadores, pero no puede dejar de velar por que se haga con respeto a la normativa básica que regula dichas cuestiones, por lo que no se plantea en estos momentos desistir de la demanda sobre la oferta de empleo de 2016, que seguirá su curso hasta que los tribunales decidan lo procedente», advirtió. Además, la delegada del Gobierno señaló que «si el Ayuntamiento de Roquetas de Mar no está conforme con la normativa en materia de empleo público, debería hacérselo saber al Gobierno central , que es el competente en esta materia».

Por su parte, desde el Consistorio roquetero se reclamó «comprensión y el diálogo» y el concejal de Recursos Humanos, José Juan Rodríguez dijo sentirse «satisfecho» porque «la propia delegada reconozca ya que la causa que argüían para recurrir la Oferta de Empleo Público de 2016, un supuesto límite porcentual aplicable, no está legalmente establecida».

El concejal dijo que «efectivamente el Ayuntamiento aceptó parcialmente el recurso inicial de la Junta, en pos de llegar a acuerdo para que no se viera afectada la promoción interna y los trabajadores municipales fueran beneficiados». Entiende así por ello, «que queda entonces claro, como reconoce la delegada, que no hay límite porcentual para promoción en función de la tasa de reposición».

Rodríguez añadió que «fue precisamente el Estado quien modificó en 2014 la ley, para que esto fuera así y la promoción interna no estuviera sujeta a tasa de reposición, de forma que las administraciones pudiéramos auto organizarnos. De hecho, el Gobierno, que es quien tiene las competencias, como también afirma la delegada, ha sido coherente y no ha recurrido la OEP, velando de esta forma por los empleados públicos». Por ello, el concejal aseguró no entender «cómo la Junta, sin ser la competente, pretenda velar por una ley caduca y derogada».

El asunto tendrá que ser aclarado en los tribunales, teniendo en cuenta que la postura entre ambas partes sigue siendo la misma que motivó el enfrentamiento.