El entorno de Amat levantó un millar de viviendas en Roquetas

Las investigaciones en el entorno de Gabriel Amat y sus vinculaciones con las decisiones tomadas en el Ayuntamiento de Roquetas en los últimos años, siguen adelante. Ayer domingo se conocía el último informe de la Sección de Delincuencia Económica y Blanqueo de Capitales de la UDYCO de la Costa del Sol de la Policía Nacional, solicitado por el Juzgado número 1 de Roquetas, que investiga la supuesta 'trama Amat'.

El informe añade a las 103 sociedades inicialmente investigadas, otras 22 mercantiles que han sido analizadas en los últimos meses. Además, también incluye la respuesta del Ayuntamiento de Roquetas a la petición de información sobre las vinculaciones que han mantenido relaciones societarias con el Consistorio en los últimos 15 años, así como el resultado de las investigaciones solicitadas a la Agencia Tributaria, incluyendo la relación de personas autorizadas en las cuentas bancarias de las citadas entidades, y su participación en porcentajes y diferentes ejercicios.

En total, 47 sociedades vinculadas de una u otra forma a Gabriel Amat, han tenido algún tipo de relación con el Ayuntamiento de Roquetas de Mar que él preside. En este sentido, la UDYCO señala que la mayoría de esas relaciones con el Consistorio han tenido carácter urbanístico. Así, además de las tramitaciones urbanísticas relacionadas con el planeamiento urbanístico, la supuesta trama societaria vinculada al primer edil habría tramitado la construcción de alrededor de un millar de viviendas en el municipio.

Se trataría de un entramado muy complejo, que la UDYCO ha analizado en más de 500 folios y en el que se constata, entre otras cosas, la continua entrada y salida de socios en estas sociedades. En ellos aparecerían el hermano, su esposa, sus hijas, sobrinos, primos, cuñados, yernos, consuegros y hasta primos segundos del primer edil.

Por número de viviendas destaca en el informe Caniraga S L que consiguió licencia para construir 265 viviendas en Playa Serena Sur, un proyecto construido sobre una parcela inicialmente contemplada como hotelera y que saltó a los titulares hace unos años tras una sentencia que lo declaraba ilegal, obligando al Ayuntamiento a revisarla.

Otras sociedades que aparecen en el informe son Agrupaejido S A con multitud de operaciones urbanísticas entre las que estarían 10 viviendas en la calle La Rábita, 41 viviendas en carretera de Los Mercados y 4 viviendas en avenida Las Marinas. Altos de Aguadulce S L recibió licencia para construir 54 viviendas en el Sector 6 de Aguadulce y Arkimedes Real Estate S L pudo levantar 76 viviendas en la Avenida Bahía de Almería y otras 51 en la calle Jesús de Perceval. Francisco Amat Ayllón S A, sociedad que lleva el nombre del hermano del alcalde, levantó 5 viviendas duplex en Avenida de Las Marinas. Por su parte, Global Asesores y Gestores Inmobiliarios S L aparece en el informe por una licencia de 28 viviendas, garajes y local en Avenida Pablo Picasso.

Una de las sociedades más activas que aparecen en el estudio de la UDYCO es Gofeman S L que consiguió licencias para construir 84 viviendas en la calle Javier Arenas, otras 34 viviendas plurifamiliares y 12 unifamiliares en Playa Serena, urbanización en la que también levantó otras 40 viviendas.

De todas las sociedades, la que mayor número de expedientes tiene en el informe es Haza Las Marinas S.L., habiendo conseguido licencias para construir 7 viviendas en avenida Pablo Picasso; 8 viviendas unifamiliares en Las Salinas; 6 viviendas en la calle Joaquinico; 20 viviendas en avenida Antonio Machado; 14 viviendas en la calle Santander; 28 viviendas en la avenida Juan de Austria; 17 viviendas en Avenida Juan de Austria, y 4 viviendas en calle Grecia.

Inversiones Prodamasa S L aparece con una licencia de 17 viviendas en calle Osiris, mientras que Inversiones Prohome S.L. es otra de las sociedades con mayor número de expedientes apareciendo licencias para construir 25 viviendas en la Unidad de Ejecución 92; 3 viviendas unifamiliares en esa misma zona; 11 viviendas en calle Molinero; 31 viviendas en la Unidad de Ejecución 78.1; 21 viviendas en la Unidad de Ejecución 78; 38 viviendas en la calle Fray Luis de León; 51 viviendas plurifamiliares, más 4 duplex en el sector 33, y un cambio de titularidad de licencia para 10 viviendas en la calle Rubén Darío.

Marinas de Roquetas S.L. tramitó licencia de primera ocupación para 24 viviendas plurifamiliares y 6 tríplex en la Avenida Buenavista y Predios del Sureste consiguió licencia de obra mayor para construir el hotel Salinas de Mar en Las Salinas.

22 sociedades más

En cuanto a las 22 sociedades nuevas, la UDYCO habla de «voluminosa información» en la que figuran «personas del organigrama familiar que tienen o han tenido vinculación a esas mercantiles concretas e identidad de otros cargos». Entre ellas estaría Arcos de La Romanilla S A que solicitó en 2001 licencia para 48 viviendas en la Avenida del Perú, con informe favorable y consiguió licencia de primera ocupación para 6 viviendas, de un total de 26, en la calle Canónigo Juan López; Arcos del Puerto S.A. que tuvo informe favorable para construir 12 viviendas en la calle José Ojeda, así como otras 12 viviendas en la calle Martín y 26 viviendas en la carretera de La Mojonera. También aparecen Hortalizas Agrofaro S.A. con solicitud de licencia para 28 viviendas en la calle Tres Forcas y para otras 12 viviendas en la calle Granados; por último, en esa relación estaría Promociones Jomiza S.L. con licencias para demoler 7 viviendas en la calle La Molina, la concesión de primera ocupación para 41 viviendas en calle Cavilantes, un cambio de titularidad para la construcción de 32 viviendas en la carretera de La Mojonera y una licencia para 8 viviendas en la calle San Francisco.

Junta de Andalucía

Una de las conclusiones del informe de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado de la Costa del Sol, UDYCO, de la Policía Nacional, afecta directamente a la Junta de Andalucía. Así, en el estudio realizado se asegura que «sería adecuado que otros organismos, como la Dirección General de la Inspección de la Consejería de Obras Públicas, quien, una vez examinados los numerosos expedientes relacionados en la certificación del secretario -refiriéndose al informe remitido por el Ayuntamiento- identificara aquellas actuaciones que presentasen indicios de irregularidades e informase sobre la adecuación a la legalidad urbanística, en la fecha de otorgamiento, sobre las licencias de obras, convenios, planes parciales, etcétera, relacionados con cada una de las mercantiles».

La Policía Nacional considera, además, que el citado organismo de la Junta «debería, en su caso, establecer si esas posibles irregularidades pudieran derivarse de la mala práctica administrativa o bien pareciesen susceptibles de alcanzar relevancia penal o fiscal». Por último, la UDYCO se desvincula la investigación sobre la legalidad del cumplimiento del régimen de incompatibilidades por parte del primer edil en la aprobación de los trámites, atribuyendo esa investigación a «instancias judiciales o fiscales» ya que «el inicio de una amplia y compleja investigación presenta una serie de elementos cuya valoración excede la que sería una mera investigación policial, y en este caso debería estar dirigida y tutelada en todo momento por el ministerio fiscal o un juzgado de instrucción», concluye la UDYCO.