IU desvela que la Fiscalía ya investiga el semienlace inaugurado el sábado

Izquierda Unida de Roquetas de Mar desveló ayer domingo que la Fiscalía investiga en estos momentos el proyecto de semienlace de la A7 para Aguadulce, inaugurado el pasado sábado por el alcalde, Gabriel Amat, tras la denuncia presentada por la coalición el pasado mes de mayo sobre un «nuevo posible caso de tráfico de influencias de Gabriel Amat y familiares suyos».

En concreto, según explicó el concejal de IU, Juan Pablo Yakubiuk, la denuncia que ahora investiga la Fiscalía se refiere a «un nuevo episodio en el que Amat no informó y no se abstuvo en la votación, tal como exige la ley, en el caso de participación de familiares de hasta segundo grado, como es el caso de los suelos por los que discurre el nuevo y necesario semienlace de la A7 en Aguadulce».

Como ya denunció la coalición de izquierdas en su día, entre los propietarios de los terrenos donde se ha construido el proyecto, «no sólo figuran sobrinos del alcalde, sino que el mismo técnico redactor del proyecto, funcionario de la Diputación, también es copropietario». En este caso, según se informó en su día desde el Ayuntamiento de Roquetas de Mar, los propietarios cedieron gratuitamente el suelo para el proyecto, pero «el posible beneficio no viene tanto de las expropiaciones, sino de la revalorización de todos los suelos del entorno, de los que también son dueños», dijo Yakubiuk.

Para IU, «es un escándalo que en cada obra necesaria y demandada por los vecinos, aparezcan familiares y socios de Gabriel Amat beneficiándose directa o indirectamente». Para la formación, «tenemos la sensación de que Amat aprovecha el hartazgo vecinal y situaciones de emergencia, como las retenciones de la A7, para tomar las riendas de las obras, que terminan beneficiando a su entorno familiar-empresarial, intentando blindarse así de posibles críticas o votos de rechazo». Casos similares, serían en opinión de IU, los del hospital o la variante.

En este sentido, Yakubiuk consideró «sospechoso e inaceptable» que el Ayuntamiento aceptara financiar una obra que es competencia del Ministerio de Fomento. Algo que en su opinión podría esconder la necesidad de Gabriel Amat de «controlar todos los pasos del proyecto y de la obra sin interferencias ni posibles impugnaciones». «Dijimos que el Ayuntamiento no era la administración indicada para construir infraestructuras de este tipo y el tiempo nos ha dado la razón: la ejecución ha duplicado el plazo sin que Amat se haya dignado a exigir indemnizaciones a la constructora».