IU contabiliza 27 millones «perdonados» por Amat a otras administraciones

La coalición de izquierdas considera que esta política es «un escándalo en toda regla" porque «es un dinero que pagan todos los roqueteros y que se podrían haber destinado a solventar históricas carencias de competencia municipal si se hubiese presionado y exigido con seriedad para que tanto la Junta de Andalucía como el Gobierno de la nación se hiciesen cargo de sus competencias».

La formación considera «un preocupante agravio fiscal para todos los roqueteros en comparación con otros municipios que debe ser denunciado e imputado a Gabriel Amat y sus concejales en estos últimos veinte años», declaró Juan Pablo Yakubiuk, concejal de IU Roquetas.

Así, tras un detallado estudio, desde Izquierda Unida de Roquetas de Mar se desvelan gastos como 20 millones de euros en expropiaciones de los suelos de la variante que debería haber asumido la Junta de Andalucía; 2,2 millones para el semi enlace de la A7 desde Aguadulce que debería pagar el Ministerio de Fomento; 60.527,53 euros de la Oficina DNI y 58.460 del proyecto para la comisaría Policía Nacional, ambos proyectos del Gobierno de la nación; 522.728,75 del proyecto del hospital de Roquetas (Junta de Andalucía); 105.000 euros de la subvención que habrá que devolver del Plan Avanza (Gobierno de la Nación) y 4.531.631,27 euros del desdoblamiento de la carretera de Alicún (correspondiente a la Junta de Andalucía de la que dependía la vía hasta que fue cedida al Consistorio para que hiciera esa inversión).

A las cuentas de IU le salen en total 27.478.347,55 euros, a los que habría que sumar -advierte la coalición- otros 30 millones de sobrecoste por la compra de suelos en la variante en concepto de costes de urbanización del Z-SAL-01 (Las Salinas) y 21 del coste futuro hospital de Roquetas, lo que harían 78.478.347,55 euros.

De esta manera, y según argumenta el concejal Juan Pablo Yakubiuk, «los impuestos de los vecinos de Roquetas que pagan al Gobierno de la nación y Junta de Andalucía se pierdan en gran parte, es decir, pagan el doble de impuestos porque no se benefician del dinero que deberían invertir otras administraciones y ese gasto se revierte en las arcas municipales». Ello tiene como consecuencia que «se dejan de hacer otras actuaciones de competencia municipal, como la mejora de la red de saneamiento o un servicio de autobús urbano eficiente, por hacer aquellas que deberían pagar otras administraciones», afirmó IU.

Intereses urbanísticos

Una generosidad, la de Amat y su equipo, que para IU tiene mucho que ver con «intereses urbanísticos». Para la formación, el primer edil «ha utilizado esas inversiones como blindaje a futuros pelotazos». Ejemplo de esto sería en su opinión el desdoblamiento de la carretera de Alicún «vinculado a la apertura ilegal del centro comercial Gran Plaza» o los terrenos de la variante, que el Consistorio se comprometió a conseguir vinculando los suelos al desarrollo urbanístico Las Salinas, y por tanto a la aprobación por parte de la Junta del PGOU.

También sería un ejemplo de esos supuestos intereses urbanísticos el acceso de Aguadulce, «un proyecto que se beneficia a suelos propiedad del sobrino del alcalde, que figura como uno de los administradores de la sociedad propietaria. De ahí la insistencia y prisas de Amat, y su escaso interés por negociar y exigir, para hacer estas obra desde el Ayuntamiento y no exigírselas a la Junta o al Estado, que son su competencia», asegura Juan Pablo Yakubiuk.