IU lleva a la Fiscalía los casos de Ondamar y los terrenos del enlace de la A7

Como ya hicieran con el caso de Jarquil Verde, Izquierda Unida ha acudido hoy a la Audiencia Provincial para poner en conocimiento de la Fiscalía supuestas irregularidades en la adjudicación de contratos a Ondamar TV , canal de televisión vinculado a Gabriel Amat a través de una de sus sociedades familiares. También se ha denunciado la existencia de "intereses personales" del primer edil en el enlace de la A7 por Aguadulce, que como se recordará, el Ayuntamiento quiere asumir su ejecución pese a tratarse de una obra responsabilidad del Gobierno de España.

La coordinadora de IU en Almería, Rosalía Martín, volvió a denunciar "la forma de hacer y gestionar la política en materia de acuerdos, concesiones, licitaciones de los contratos públicos" del alcalde roquetero. Martín afirmó que tanto en los contratos publicitarios de Ondamar TV como en el caso de las expropiaciones del enlace de la A7 "se repite la tónica general del Partido Popular y Gabriel Amat, y es que se ve la trama familiar en los dos casos, por un lado en el primer caso, siendo él mismo titular de la sociedad, y en el segundo caso a través de su sobrino".

La coordinadora provincial de IU consideró que "nuevamente el posible tráfico de influencias está sobre la mesa y una vez más, el Partido Popular de la provincia de Almería sigue referenciado en la ola de corrupción y saqueo que vertebra el PP en este país, ayer era Valencia, Madrid, Granada... mañana será Almería, con epicentro en Roquetas de Mar".

Desde la coalición de izquierdas se reafirmó su intención de seguir haciendo la labor de oposición que se está realizando, poniendo también en conocimiento de la Fiscalía aquellos casos que entienda que deben ser investigados judicialmente. "Continuamos la lucha contra la corrupción, que llevamos años haciendo", dijo Rosalía Martín, quien aseguró que este asunto está plasmado en el acuerdo con Podemos como un "sello de Izquierda Unida".

Ley de Procedimientos Administrativos

Por su parte, el concejal de IU en el Ayuntamiento de Roquetas, Juan Pablo Yakubiuk, explicó que en ambos casos, al igual que ocurría con Jarquil Verde, se incumple presuntamente la Ley de Procedimientos Administrativos, que dice que en caso de interés directo de las autoridades o de algún familiar hasta el cuarto grado de parentesco, se deben abstener y comunicarlo previamente. "En este caso de Ondamar la vinculación es directa y Amat no se abstuvo en las cuatro prórrogas del contrato" y en el caso del enlace de la A7 "estamos hablando del sobrino, y Amat tampoco lo ha comunicado, ni se ha abstenido, ni ausentado", dijo.

Yakubiuk se preguntó "por qué no lo comunicó al pleno" su vinculación "si dice que no hay ninguna irregularidad" y mostró sus sospechas porque "la insistencia de Gabriel Amat, desde el primer momento, de llevar personalmente el tema del nuevo acceso de Aguadulce, que es competencia del Ministerio de Fomento", un proyecto que "recordamos que lo pagará íntegramente el Ayuntamiento". Será, a juicio del edil de IU, una intervención que beneficiará a esta sociedad cercana al primer edil, "no sólo por la expropiación, sino por cómo se revalorizan los terrenos, recordamos que todo este monte de Aguadulce es propiedad de familia y empresas relacionadas con Gabriel Amat, no sólo puede haber cometido una ilegalidad, sino que puede haber puesto en peligro el acuerdo para hacer un acceso para Aguadulce", advirtió.

Además, en el caso de la A7, IU cree que se podría haber cometido una "doble incompatibilidad" ya que "el sobrino es administrador mancomunado, pero el ingeniero redactor del proyecto, que se ha redactado en Diputación, cosa que también nos sorprendió, es también administrador mancomunado de la mercantil dueña del suelo, y también la Ley le prohíbe participar o al menos debe comunicarlo y tampoco se ha comunicado".