La juez cita a una docena de empresas de la trama societaria para que aclaren quiénes son sus socios

En concreto, de acuerdo con la información a la que ha tenido acceso IDEAL, se trataría de Softoll (empresa relacionada con la polémica compra de terrenos en la capital que multiplicaron su valor), Sur Poniente, Urbaentinas, Bojasa, Crisfesa, Europoniente Car, Inmuebles del Poniente, Miraflores del Puerto, Nueva Aguadulce, Complejos Las Lomas Roquetas y Complejos Apocalipsis, todas ellas citadas para el próximo 30 de marzo en el juzgado.

La citación es consecuencia de un escrito remitido el pasado 15 de enero al juzgado que investiga la trama, de la Intervención Territorial de Hacienda, por el que reclama el envío de los libros de registro de socios «de aquellas sociedades en que, de estar obligadas a llevarlos legal o estatutariamente, participa Gabriel Amat Ayllón, con la finalidad de poder determinar su condición de socio». Una información que se sumará a la declaración de incompatibilidades del propio Amat, enviada al juzgado por el Ayuntamiento, también a petición de la Intervención Territorial de Hacienda para comprobar la veracidad de la misma, a la vista de las investigaciones reclamadas por el juzgado a la Agencia Tributaria.

Estos movimientos son consecuencia de las peticiones realizadas hace unos meses por el fiscal de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Almería, que reclamó nuevas diligencias «indispensables» sobre el caso, propuestas por la asociación anticorrupción AMAyT. Entre ellas, un informe de la Agencia Tributaria «acerca de la existencia de irregularidades en las sociedades que conforman el entramado investigado», así como la certificación, por parte del Ayuntamiento de Roquetas de Mar «de las relaciones jurídicas mantenidas con el citado grupo de empresas durante los últimos 15 años» y un informe de la Intervención General de la Administración del Estado sobre «las incompatibilidades declaradas por el investigado, Gabriel Amat».

Los abogados de Gabriel Amat recurrieron estas nuevas investigaciones alegando que «tienen carácter prospectivo» y asegurando que «los actos de la Administración gozan de una presunción de legalidad al estar sometidos a férreos controles». Los defensores de Amat pidieron «comenzar a poner límites a una investigación que se alarga desde el año 2012», entendiendo que «no puede hacerse de ella una causa general, no sólo para investigar la vida de mi representado, sino lo que es más grave, la vida de su familia».

También el propio Ayuntamiento de Roquetas presentó alegaciones, al considerar su abogado que «estamos ante una investigación prospectiva basada en una mera denuncia de la acusación popular donde se pone en sospecha toda actuación urbanística de esta Corporación en los últimos años, pero sin concretar, ni dar indicio alguno de actividades delictivas». Para el abogado del Consistorio, «todo son suposiciones y conjeturas» y es normal que en un municipio como Roquetas existan «muchas empresas» y «es evidente que algunas de ellas pueden tener relación con el alcalde o con los concejales, pero ello no da lugar a que se cuestione penalmente toda la actividad de ese alcalde o concejal», aseguró.

Fiscal Las alegaciones fueron rechazadas por el fiscal de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Almería, quien defendió su postura de reclamar nuevos informes y mostró su «disconformidad» con los argumentos esgrimidos por la defensa de Gabriel Amat y el Ayuntamiento de Roquetas. «Las conductas presuntamente delictivas llevadas a cabo por cargos públicos, no solamente no es evitable por la existencia de controles administrativos, que en la práctica además se han mostrado extremadamente falibles, sino que es una garantía de Justicia y una muestra del correcto funcionamiento del sistema judicial del Estado, que ha de intensificar en su diligencia a la hora de investigar a cargos electos, en lugar de disminuirla, tal y como solicita la defensa», afirmó el fiscal.

Auto de la juez Contundente también fue en este sentido la juez del caso, María del Mar Alejo, quien zanjó en un auto del pasado 16 de febrero la cuestión, defendiendo la petición de nuevos informes y rechazando las alegaciones de la defensa de Gabriel Amat. La juez deja claro que «no nos encontramos ante una investigación generalizada que se cierne sobre la completa actividad del Ayuntamiento de Roquetas ni sobre la persona de Gabriel Amat». En su opinión, «se trata de una investigación que se cierne sobre las relaciones entre el Ayuntamiento de Roquetas y las concretas, aunque numerosas, entidades societarias que se relacionan con la denuncia de la que traen causa».

La juez menciona el centenar de sociedades relacionado con Amat y su entorno, incluido en el informe de la UDYCO de la Costa del Sol de la Policía Nacional «así como otras entidades que se recogen en las ampliaciones de denuncia, que han sido admitidas por el devenir del presente procedimiento y que se encuentran a la espera de la correspondiente ampliación del informe policial».

La instructora del caso cree «fundada» la «sospecha de delito» en la existencia de «numerosos contratos suscritos entre el Ayuntamiento de Roquetas de Mar y las referidas sociedades, cuyos órganos de administración están integrados por el propio alcalde de Roquetas de Mar y/o personas con las que el mismo mantiene vínculos de parentesco».

Algo que la juez recuerda que está recogido en el «vasto informe» de la Policía Nacional sobre la composición de las sociedades investigadas, por lo que «las sospechas iniciales aparecen constatadas por datos fácticos que revelan la existencia de numerosos contratos entre el Ayuntamiento y las entidades vinculadas con el señor Amat, sin perjuicio de que los mismos puedan resultar intachables desde el punto de vista legal, cuestión que queda pendiente de determinar», admite la juez.

Por todo ello, la juez, que como se sabe recientemente declaró la causa de la trama societaria como de «gran complejidad» para ampliar los plazos para la instrucción de diligencias a 18 meses, considera en su auto que las sospechas son «suficientes» para el comienzo de las indagaciones, «no siendo exigible la certeza del delito» en un estadio «tan embrionario» del proceso de investigación.