La juez declara la investigación de la presunta trama societaria causa con gran «complejidad»

Se trata de una nueva acepción de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal vigente desde diciembre de 2015 que limita la instrucción de las diligencias de investigación a seis meses. «No obstante, antes de la expiración de ese plazo, el instructor a instancia del Ministerio Fiscal y previa audiencia de las partes, podrá declarar la instrucción compleja». Sólo en esa situación el plazo de duración de la instrucción podrá prolongarse durante dieciocho meses que podrán prorrogarse por igual plazo a instancia de la Fiscalía.

Pues bien, el fiscal delegado de delitos económicos de la Fiscalía Provincial estima que en esta investigación «concurren» los supuestos previstos en la Ley por el hecho de que se exige «la realización de pericias o de colaboraciones recabadas por el órgano judicial que impliquen el examen de abundante documentación o complicados análisis» y que precisa «de la revisión de la gestión de personas jurídico-privadas o públicas». «En efecto, las presentes actuaciones tienen por objeto la investigación de la presunta actividad delictiva de un conjunto de sociedades vinculadas con el alcalde de Roquetas de Mar que pudieran estar aprovechándose ilícitamente del desarrollo urbanístico del citado municipio», expone la instructora. «Circunstancia», abunda, «que puede comprometer la legalidad de la gestión del Ayuntamiento de Roquetas de Mar y de las mercantiles que integran el presunto entramado societario». Además, asevera, hay una «complejidad» en las actividades que se investigan y en las «relaciones de las personas que puedan participar de la supuesta trama».

«Estas circunstancias resultan evidenciadas a través del análisis de las actuaciones, donde se observa la intervención de la Udyco-Costa del Sol para llevar a cabo un complejo informe que fue presentado en este juzgado un año y siete meses después de que el mismo fuera acordado, lo que da cuenta de la amplitud y complejidad de los hechos que se investigan». A finales del pasado año, la juez encargó a la Udyco una ampliación de la investigación a una veintena de sociedades más añadidas al centenar de empresas investigadas previamente en dicha causa, iniciada tras la denuncia de la asociación anticorrupción Amayt. En la causa también está personada la Agrupación provincial del PSOE.