«Con la variante la Junta está invirtiendo mucho dinero en una carretera ‘sin papeles’»

Villalobos consideró que la reactivación ayudará a «la agilización de nuestras reclamaciones». Para él, es determinante en todo este asunto que «la Junta de Andalucía carece de los títulos públicos exigidos por Ley, no tiene las necesarias actas de ocupación o expropiación de los terrenos y sólo las podrá obtener cuando expropie a los agricultores que perdieron sus fincas hace años».

Por ello, para el despacho de abogados, «la Junta está invirtiendo mucho dinero público en una carretera 'sin papeles', de la que sólo tiene la posesión pero no podrá ponerla en funcionamiento». José Manuel Villalobos compara esta situación con la de un ciudadano que da la señal de una vivienda, pero que no conseguirá la escritura hasta que no pague el resto. «Esa es la situación de la Junta de Andalucía, está haciendo una carretera que formalmente no es suya», dijo.

El abogado alertó del riesgo de realizar la obra y luego no poder usarse, «la gente se preguntará cómo la Junta no estudió este asunto antes». Y es que en su opinión, «la Junta ignora todo esto, está confiada en que el Ayuntamiento lo esté haciendo bien».

Para evitar ello, el despacho de abogados ha anunciado su intención de comunicar al consejero y los máximos responsables de la Consejería de Fomento «las numerosas irregularidades que existen en todo lo referente al terreno de esta obra», aunque también se recuerda que «la Junta no fiscalizó ni controló en su día que los suelos se habían obtenido correctamente, sino que simplemente se fió del Ayuntamiento, quien les dijo que ya los había adquirido».

El panorama es «más que complejo», a juicio de Villalobos, pese a que ahora se habla de tener todo ya encaminado para su resolución. «Si el Ayuntamiento iniciara la expropiación pero exclusivamente de los terrenos que faltan para completar la variante, estaría incurriendo en una gravísima arbitrariedad, una verdadera situación injusta, puesto con perfecto conocimiento sólo expropiaría a quien le interesa, a quien le estorba para terminar la variante», consideró el abogado. De la misma manera, también afirmó que si la Junta «sigue echando dinero en una carretera 'sin papeles' y con pleno conocimiento de la mencionada arbitrariedad y múltiples irregularidades, mirando para otro lado, estaría incurriendo sin necesidad en serias responsabilidades», advirtió el abogado.

«Huida hacia adelante» Villalobos calificó la actitud del Ayuntamiento en todo este asunto en una continua «huida hacia adelante» manteniendo a los afectados «tras una zanahoria» y «encadenando mil y una promesas, de siempre futuras soluciones, pero inciertas». Entre esas «zanahorias» estaría la idea de pedir a la Junta de Andalucía una valoración de los terrenos de los propietarios que así lo solicitaran, ya que se trataría de una instancia «sin valor alguno, puro placebo sin efecto de ningún tipo».

El letrado es especialmente crítico con la adenda firmada el pasado septiembre entre la Junta y el Ayuntamiento, que ha permitido desbloquear las obras. Villalobos calificó de «astuta» la maniobra del Ayuntamiento de solicitar la capacidad de expropiación, ya que en su opinión es «puro teatro» puesto que «el Ayuntamiento tiene plena competencia expropiatoria por tratarse ese suelo de un Sistema General Adscrito al PGOU, por eso se puso así en el PGOU, para que si un propietario no quería ceder el suelo gratuitamente e irse a Las Salinas, el Ayuntamiento le pudiera expropiar».

Para el abogado experto en urbanismo que representa la causa de varios afectados, el asunto de la competencia expropiatoria únicamente perseguiría el objetivo de «seguir vistiendo de legalidad el injusto posicionamiento del Ayuntamiento de no expropiar a los afectados», ya que «si expropiara solamente los terrenos que faltan para completar la variante, se evidenciaría la gran injusticia de que a unos pocos los expropiaría, y a la inmensa mayoría los abandonaría en ese limbo en el que llevan tantos años». «Por eso necesitaba decir que es la Junta la que permite expropiar la variante, pero esta expropiación no tiene nada que ver con los propietarios que cedieron su suelo hace años, eso es otro problema distinto», aseguró el abogado.

Villalobos advierte que aquellos que llevan ocho años sin poder usar sus fincas, ya que permitieron que las obras se realizaran sobre ellas, no conseguirán nada. «Pasarán los años y no tendrán nada. Y esto no es una interpretación, sino que es lo que el Ayuntamiento lleva manteniendo desde hace años en el caso de un afectado al que la Comisión Provincial de Valoraciones reconoció su derecho a ser expropiado, impugnando el Ayuntamiento tal derecho y tenerlo recurrido ante los tribunales».

Para evitar esto, el despacho asegura haber iniciado los procedimientos legalmente establecidos para las expropiaciones y en breve se presentarán las tasaciones para conseguir el primer justiprecio fijado por la Comisión Provincial de Valoraciones. «Los propietarios podrán cobrar, sin perjuicio de los recursos al Tribunal Superior de Justicia para reclamar una mayor indemnización», concluyó.

«Las Salinas atrapará a los propietarios para siempre» El responsable de la consultora urbanística granadina reconoce que cuando los propietarios le contaron el asunto de la variante «no dábamos crédito». En su opinión, son propietarios «atrapados en una trampa, en una espiral de excusas y promesas inciertas», y todo ello a pesar de que la Ley les ampara. Villalobos alertó del riesgo de que los agricultores hagan caso al Ayuntamiento y esperen a la reparcelación, ya que cuando ésta se active «atrapará para siempre a los afectados, no pudiendo reclamar ya su indemnización». El problema es que «el sector de Las Salinas era una macro urbanización sólo apta para grandes inversores y grupos inmobiliarios», dijo el abogado.

«Los agricultores perdieron sus fincas y no tenían ni idea de lo que les esperaba en Las Salinas: costes descomunales de construcción, insignificancia frente a los grandes propietarios, y por supuesto, y esto es lo más grave, jamás tendrán una parcela ya que dicho plan es sólo para grandes hoteles y edificios». Así, «los agricultores serían metidos, a decenas, en una monstruosa parcela en proindiviso, siendo titulares de diminutas cuotas de participación, es decir, un agujero negro del que no podrían salir y arruinados para siempre».