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Julio Valdivia
Martes, 10 de mayo 2016, 11:20
Como ya adelantó IDEAL el pasado mes de septiembre, un buen grupo de ellos se está organizando y han puesto sus casos en manos de un prestigioso bufete de abogados de Granada. Su primer paso ha sido recurrir la decisión del Ayuntamiento que llevó a la firma de la modificación del convenio con la Junta de Andalucía. Son en total unos 39 afectados correspondientes a una docena de parcelas afectadas por las obras, que el pasado 1 de octubre presentaron un escrito ante la Subdelegación de Gobierno de Granada.
En sus consideraciones, los afectados mencionan la «ausencia de efecto alguno» en el acuerdo de modificación del convenio con la solicitud de expropiación forzosa y hablan de «manifiesta ilegalidad» porque «ha vencido con mucho el plazo de 4 años que fija la LOUA desde que tuvo lugar la ocupación de los terrenos» entendiendo que «lo único que procede es la iniciación del procedimiento expropiatorio».
Además, los afectados advierten en su escrito que el citado procedimiento de expropiación «se entendería incoado por ministerio de la Ley si transcurren seis meses desde la solicitud presentada sin que la incoación se produzca».
El Ayuntamiento ha respondido a la petición rechazando las alegaciones y asegurando que la Ley en la que los afectados se amparan habla que la expropiación u ocupación directa de los terrenos destinados a dotaciones no se puede realizar en caso de que estén incluidos o adscritos a un sector, como es el mencionado caso teniendo en cuenta que los terrenos de la variante están adscritos en el Plan General al famoso sector de Las Salinas Z-SAL-01.
El Consistorio aclara que precisamente por ello, se ha propuesto a la Consejería de Obras Públicas de la Junta la expropiación de los mismos al amparo de la Ley de Carreteras mediante la modificación del convenio que establece que la Administración autonómica delega en el Ayuntamiento las competencias en materia de expropiación para este proyecto «resultando preciso que se efectúe una valoración de los terrenos».
Comisión de Valoraciones No es la única decisión municipal que se produce tras la firma de la modificación del convenio con la Junta y que contrasta con su aparente disposición a expropiar. El Ayuntamiento sigue rechazando hacerse cargo de la expropiación de los terrenos de un afectado que consiguió el reconocimiento del derecho a ello por parte de la Comisión Provincial de Valoraciones. Ya el pasado mes de mayo el Consistorio decidió interponer un recurso contencioso administrativo en el TSJA por esta cuestión, tal y como recogió entonces IDEAL. Además, la Junta de Gobierno decidió la semana pasada interponer un recurso extraordinario de revisión y pedir la suspensión cautelar del acuerdo de la Comisión Provincial de Valoraciones.
En sus fundamentos legales, los técnicos municipales insisten en que la LOUA excluye los suelos sistemáticos del procedimiento de expropiación forzosa u ocupación directa ya que «la gestión de este suelo se realiza mediante el sistema previsto para el desarrollo de la actividad de ejecución», en este caso con la fórmula de Cooperación para el desarrollo del Z-SAL-01 de Las Salinas, cuyo proyecto de reparcelación se encuentra suspendido desde hace ya casi un lustro tras las protestas de los propietarios.
Además, el Ayuntamiento se ampara en su rechazo a la reciente firma del convenio con la Junta para desbloquear la variante, por el que ésta cede la capacidad expropiatoria al municipio, preguntándose los técnicos «¿para qué se delega entonces la potestad expropiatoria?».
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