El pleno aprueba el acuerdo con la Junta para desbloquear el proyecto de la variante

Para García, la variante estaría ya terminada de haber gobernado el Ayuntamiento el PSOE, ya que «no hubiéramos firmado en 2002 ese convenio» y «no hubiéramos visto una oportunidad de negocio» en el proyecto, sino que se habría optado por la misma solución que en Vícar, es decir, la expropiación directa de los terrenos por parte de la Junta de Andalucía.

También desde Ciudadanos se apoyó la modificación del convenio, aunque su portavoz, Diego Clemente, advirtió que «estaremos atentos» porque preocupan los precios definitivos con los que se indemnizará a los afectados.

Críticas Las mayores críticas llegaron desde Izquierda Unida. Juan Pablo Yakubiuk consideró que no es necesario que la Junta ceda al Ayuntamiento las competencias de expropiación, puesto que ya las tiene, al tratarse de unos terrenos contemplados en el planeamiento urbanístico, y llegó a decir que todo el proceso de negociación del nuevo convenio y sus firma estos días «es una puesta en escena» por parte de ambas administraciones, que persigue, entre otras cosas, «ganar tiempo».

El edil se mostró preocupado por los costes económicos que puede tener toda esta operación para el Ayuntamiento, que estimó en unos 45 millones de euros, y preguntó por la ausencia de un informe de Intervención que prevea esos costes. En este sentido, Yakubiuk recordó que la Ley de Bases de Régimen Local tiene recogido el proceso de delegación de competencias entre administraciones y establece que «deben acompañarse de una memoria económica que valore el impacto en las administraciones públicas afectadas sin que en ningún caso pueda conllevar un mayor gasto».

Además, el concejal de IU explicó que uno de los puntos del convenio que no se modifican con el nuevo acuerdo, es el que establece que el incumplimiendo de alguno de los acuerdos, permite la rescisión automática del convenio, por lo que teniendo en cuenta que «la gestión de los suelos no se ha cumplido», el Ayuntamiento «podía haber renunciado al convenio», algo que consideró que «es el camino», defendiendo la firma de «uno nuevo con la Junta y los afectados, previa desvinculación de los suelos, para lograr la seguridad jurídica de los terrenos».

Yakubiuk, preguntó al alcalde si las expropiaciones se van a realizar a todas las parcelas o sólo a los que en su día denegaron la autorización de acceso, si se expropiará sólo por el valor de las fincas o también por el lucro cesante de casi una década de cosechas perdidas, y si se ha hecho una valoración de los costes. Además, también interrogó por los motivos por los que mantiene el Ayuntamiento un recurso ante el TSJA contra el único caso que tiene reconocido su derecho a la expropiación por parte de la Comisión Provincial de Valoraciones, si ahora está dispuesto a expropiar, lo que consideró una «contradicción».

Prisas preelectorales La portavoz de Tú Decides por su parte, Toñi Fernández, votó también se abstuvo en el punto del convenio y compartió con IU las preguntas presentadas por la formación. Además, ya en el punto de ruegos y preguntas, Fernández criticó que asuntos como el de la variante «se dejan dormir en los cajones» por «años y años» y luego se desbloquean «justo en época preelectoral».

El alcalde, Gabriel Amat, volvió a asegurar que de no haberse firmado en 2002 el convenio para la variante «hoy la autovía no se hubiera empezado». Amat negó el carácter electoral del movimiento, respondiendo a Tú Decides, explicando que se trata de un tema polémico que precisamente no interesaría mover en fechas previas a las elecciones.

Además, en cuanto a la valoración de los terrenos y los gastos, el primer edil se mostró partidario de esperar a que la Junta de Andalucía apruebe la cesión de competencias «y sepamos cuanto dinero tenemos que utilizar», aunque respondió a Juan Pablo Yakubiuk sobre la ausencia de documentos en el expediente, que «todos los informes tendrán que ir en regla». Amat aclaró que «el alcalde no va a poner los precios, serán los que diga la ley».

El alcalde se mostró confiado en que el Ayuntamiento de Roquetas tiene capacidad para expropiar «lo que haga falta» y sobre las acusaciones de contradicción por tener recurrido judicialmente la primera expropiación de la variante, Amat se limitó a decir que «tengo que recurrir porque así me lo aconseja la ley».

Los afectados se empiezan a organizar Entre los afectados, alguno de los cuáles estuvo presente en el pleno de ayer y volvió a encararse con el alcalde, Gabriel Amat, cunde la idea de que las prisas por solucionar un problema que lleva años enquistado, se debe a la victoria de uno de ellos, que hace justo un año consiguió que la Comisión Provincial de Valoraciones le reconociera su derecho a ser expropiado, decisión que el Ayuntamiento mantiene recurrida pese a mostrarse dispuesto ahora a expropiar. Tras aquel primer caso, otro grupo de afectados han puesto sus casos en manos de abogados especializados de Granada, que ya han dado los primeros pasos presentaron escritos en el Ayuntamiento reclamando ser expropiados por el valor de sus tierras y las cosechas perdidas.