El Ayuntamiento no revisará la licencia anulada del Balcón del Mar

La decisión municipal generó críticas tanto desde el PSOE como desde Izquierda Unida. El portavoz socialista, Manolo García, pidió el respeto a la justicia y recordó que sobre este edificio pesan tres decisiones que anularon las licencias otorgadas por el Ayuntamiento, la del contencioso administrativo, el TSJA y el Consejo Consultivo, llegando a pedir el primero de ellos el derribo del edificio por considerarlo ilegal.

García se mostró contrario a «obviar» esos informes como proponía el PP en el punto aprobado, algo parecido a lo expresado por el portavoz de IU, Ricardo Fernández, que consideró que «no es deseable que el equipo de Gobierno vaya en contra del criterio del Consejo Consultivo».

El alcalde, Gabriel Amat, respondió a ambos que no es la primera vez que el Ayuntamiento gana una decisión al Consejo Consultivo, recordando que lo mismo pasó con el centro comercial Gran Plaza y se mostró partidario de «defender los intereses del Ayuntamiento hasta última hora».

En opinión de Amat «tenemos que agotar todas las vías» y según los informes jurídicos el Consejo Consultivo no tiene las competencias para pedir la revisión de las licencias. «Nos gustará o no, pero no tenemos más remedio que no aprobar esta revisión, y ahora que se defiendan, y lo que digan los tribunales tendremos que acatarlo».

Amat fue respondido por el portavoz socialista nuevamente, quien además de las decisiones judiciales apeló al «sentido común» para recalcar que el edificio se hizo rodeado por viviendas unifamiliares, algo que respondió el alcalde recordando que el edificio se hizo porque así lo permitía el Plan General de Ordenación Urbana, que en última instancia fue aprobado por la Junta de Andalucía.

Lo cierto es que fue la propia Junta de Andalucía la que tres años después de la concesión de la licencia de obras, en 2006, requirió al Ayuntamiento para que revisase de oficio el acto administrativo a raíz de una denuncia de un particular. Postura que fue respaldada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y que poco después recibió el apoyo del Consejo Consultivo de Andalucía al que recurrió el Consistorio, que en una resolución dura en la que aseguró que «la razón de la nulidad en que incurre la licencia de obras y la consiguiente de primera ocupación otorgada en su momento no puede ser más clara, ya que son actos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carece de los requisitos esenciales para su adquisición».

El Consejo Consultivo rechazó la argumentación de los informes aportados tanto por el arquitecto director del PGOU de Roquetas como de un estudio jurídico, en los que se apoyó el Ayuntamiento en su recurso, y recordó que lo que se discute es el uso hotelero, identificado como T8 en el planteamiento, pueda considerarse ejecutado en la tipología de 129 apartamentos y cuatro alturas autorizado por la licencia otorgada por el Ayuntamiento en una parcela de uso residencial T4 de tipología unifamiliar, y «a esa pregunta el Consejo Consultivo ha de responder en sentido negativo», dijo entonces.

El organismo consultivo recordó, como recogió entonces IDEAL, que la parcela sobre la que el Ayuntamiento de Roquetas concedió la licencia está considerada suelo T4 para viviendas unifamiliares aisladas, con un máximo de 7 metros de altura y un techo edificable de 1.342 metros. Sin embargo, el Ayuntamiento autorizó en su lugar la construcción de 129 viviendas en un edificio de 4 plantas que cuenta con 8.608 metros edificados.