El Ayuntamiento remitirá los expedientes de los terrenos de la variante a la Junta para su valoración

Ahora, el Consistorio ha acordado «remitir la relación de solicitudes presentadas a la Unidad de Expropiación de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio, al objeto de que proceda a la comprobación de que la descripción de los mismos coincide con los terrenos afectados con la ejecución de esta obra autonómica y en consecuencia se proceda a su valoración económica, para así ponerla en conocimiento de los propietarios afectados y puedan optar por su enajenación en lugar de incorporarse al desarrollo de la actuación urbanística».

El Consistorio también acordó este lunes que «una vez conocido el valor de los terrenos a efectos de la expropiación, el Ayuntamiento manifiesta su disposición, en el marco de un procedimiento expropiatorio que se incoe, a pagar el justiprecio en los supuestos de mutuo acuerdo, bien en la condición de beneficiario de la expropiación o bien por delegación de la función expropiatoria por parte de la comunidad, subrogándose en la situación de los propietarios en el procedimiento de reparcelación».

En cuanto a los propietarios que no hayan solicitado la valoración, o que una vez conocida la misma, no quieran seguir adelante con el proceso de expropiación, se mantendrán las condiciones de compensación urbanística previstas en su momento.

El proceso seguido por el Ayuntamiento, remitiendo a la Junta la documentación para la valoración de los terrenos, difiere del anunciado en la reunión del pasado mes de abril con los propietarios, cuando se dejó claro en varias ocasiones que la primera valoración de los terrenos la realizaría el propio Consistorio y, en caso de no estar de acuerdo con la misma, serían los afectados los que reclamarían la intervención de la Junta de Andalucía a través de la Comisión Provincial de Valoraciones, que tendría que hacer una segunda valoración.

Al respecto, el delegado de Fomento, Joaquín Jiménez, reiteraba ayer en declaraciones a IDEAL que «tal y como se acordó públicamente en la asamblea informativa con los propietarios afectados por el convenio urbanístico, es el Ayuntamiento de Roquetas de Mar el que tiene que ofrecer una propuesta económica alternativa a su convenio de Las Salinas en tanto que será el beneficiado último de los aprovechamientos y además la administración que sufrague, en su caso, la expropiación de suelo».

Un proceso para la obtención de los terrenos, que «desde la Junta de Andalucía entendemos que ya ha transcurrido un periodo de tiempo más que suficiente para poner los suelos a disposición de Fomento de acuerdo al convenio suscrito hace más de una década», dijo el delegado de Fomento.

Como se recordará, el Ayuntamiento se mostró dispuesto el año pasado a asumir los costes de las expropiaciones de los afectados quedándose con la edificabilidad de Las Salinas, y también anunció su disposición a adelantarle el dinero a la Junta de Andalucía si así lo requiriera, para que pudiera reiniciar las obras una vez desbloqueado el problema de los terrenos.

Recurso contra la primera expropiación aprobada Pese a estar dispuesto a asumir los costes de las expropiaciones de los propietarios que así lo soliciten, hay que recordar que el Ayuntamiento de Roquetas recurrió el pasado mes de mayo la primera expropiación solicitada, que había sido respaldada por la Comisión Provincial de Valoraciones. En su escrito, presentado en las mismas fechas en las que se acordaba dar la opción a los afectados para ser expropiados, el Ayuntamiento consideró «increíble» que la Comisión Provincial de Valoraciones reconociera el derecho a ser expropiado por un agricultor que lo solicitó «sin que exista expectativa cierta y cercana de continuidad de las obras por parte de la comunidad autónoma». El Ayuntamiento citó, en su recurso, un informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía en el que se aseguraba que las obras estaban paralizadas «hasta el ejercicio de 2017 y siguientes». El afectado, que pidió inicialmente al Consistorio la expropiación, tuvo que reclamar la intervención de la Comisión Provincial de Valoraciones tras la negativa de éste, dándole finalmente la razón sobre el derecho a ser expropiado y compensado por sus terrenos y el lucro cesante. Tras el recurso, el proceso tendrá que verse en el TSJA.