Los afectados por la variante tienen un mes para decir si quieren ser expropiados

La reunión se produjo tras tres concentraciones de protesta celebradas por los propios afectados, en los que reclamaban un encuentro con las dos partes para escuchar los planes que Ayuntamiento y Junta están negociando desde hace unas semanas para desbloquear el proyecto y que despertaron sus recelos al plantearse un adelanto del dinero para las obras y para desbloquear solo aquellos terrenos cuyos propietarios se niegan a su cesión. Ese movimiento llevó a muchos afectados a temerse que aquellos que sí dejaron que se empezara a construir sobre sus fincas tendrían que seguir esperando una solución y calentó los ánimos de muchos de ellos, que llevan ocho años sin poder cultivar y sin compensación alguna.

Ante esta situación, el primer edil y el delegado se reunieron la semana pasada para buscar otra fórmula, que pasaría por la expropiación de los terrenos para todo aquel propietario que así lo reclamara. Y esa es la opción que se explicó a los afectados el jueves. Amat mostró su disposición a iniciar el proceso, que arrancaría por una valoración de los terrenos en la que se incluiría también el lucro cesante, es decir, las cosechas perdidas durante estos años. Los propietarios interesados en acogerse a la medida tendrán un plazo de un mes para manifestar su interés por escrito, si bien podrán renunciar a la expropiación si el cálculo del precio por metro cuadrado no les satisface.

Todo el proceso será llevado a cabo por el Ayuntamiento, que se quedará el aprovechamiento de los terrenos que expropie para cuando se desarrolle la urbanización de Las Salinas recuperar el gasto. Para ello, Amat anunció que en el próximo pleno se aprobarán una serie de modificaciones presupuestarias para poder afrontar la inversión con fondos propios y un crédito de 7 millones de euros.

El delegado de Fomento por su parte, recordó que el Gobierno andaluz está en una situación de interinidad en estos momentos, a la espera de la formación de un nuevo equipo, momento en el que se estaría en disposición de firmar la modificación del acuerdo de 2002 por el que el Ayuntamiento se comprometía a aportar los terrenos a cambio de edificabilidad, para incorporar también la opción de la expropiación. Joaquín Jiménez también respondió a las preguntas de algunos de los propietarios asegurando que, en caso de que no estuvieran de acuerdo con la valoración de los terrenos que hará el Ayuntamiento, podrán solicitar una segunda opinión de la Comisión Provincial de Valoraciones, dependiente de la Junta de Andalucía, quedando en última instancia la opción de recurrir a los tribunales.

La reunión se celebró en un ambiente bastante tenso, en el que los propietarios recriminaron una y otra vez al alcalde el tiempo y el dinero perdido durante estos años. Muchos de los presentes dudaron de la palabra del primer edil y recordaron a Amat su famosa frase sobre la lotería, con la que convenció a la mayoría para que aceptaran la compensación de la edificabilidad. Alguno incluso arrancó los aplausos de muchos de los asistentes cuando habló de la «cara dura» del primer edil por aparecer tras ocho años sin facilitar cifras de las indemnizaciones. Tampoco faltaron los reproches sobre las amenazas que desde el Ayuntamiento se habrían realizado para que los afectados cedieran los terrenos para evitar una expropiación a muy bajo precio de la Junta.

Plazos Los propietarios tienen un plazo de un mes para comunicar al Ayuntamiento su interés por ser expropiados. Después se hará una valoración de los terrenos y en base a ella, cada uno podrá decidir si se mantiene con la edificabilidad de Las Salinas o se inicia la expropiación de sus terrenos.

Metros De los 750.000 metros cuadrados de la variante, casi 450.000 fueron en su día comprados por promotores que quieren seguir con la edificabilidad de Las Salinas. Otros 96.000 son ya propiedad del Ayuntamiento y 49.000 de la Junta, quedando alrededor de 200.000 de afectados que en su mayoría estarían dispuestos a ser expropiados.

Costes Los costes de la operación se desconocen, pero el Ayuntamiento ya se prepara para asumirlos. Se pagarán 7 millones con un crédito y el resto con recursos propios.