CGT denuncia el despido de dos trabajadoras e irregularidades en la empresa Adaro

La situación se trató en el pleno del Consistorio celebrado a principios del mes de febrero, cuando los concejales de Izquierda Unida se interesaron por todo lo que está ocurriendo en la empresa.

En concreto, según denunció a IDEAL la delegada sindical y miembro del comité de empresa de Adaro, Elena Corral, tras la reciente constitución de la sección sindical de CGT en la empresa, se ha procedido al despido de dos trabajadoras. «Una es una compañera que forma parte de la sección sindical y otra compañera que es afiliada a CGT», relató.

Trabajadoras afectadas y militantes del sindicato, se concentraron recientemente a las puertas del Ayuntamiento para denunciar la situación y reclamar la readmisión de las dos trabajadoras despedidas por la empresa.

Adaro es una cooperativa de un pequeño número de socios, que presta el servicio de ayuda a domicilio del Ayuntamiento, contando para ello con alrededor de 80 trabajadoras.

Entre los conflictos laborales denunciados por CGT, destaca la existencia de personas con contrato a tiempo parcial que están trabajando muchas más horas de las estipuladas en sus contratos, que no se pagan ni como horas extra ni otra compensación.

Corral también denunció que el kilometraje se paga a unos trabajadores y a otros no, mientras que los desplazamientos no se contabilizan y la empresa únicamente contempla cinco minutos de tiempo para cambiar de un servicio a otro. «Siempre trabajas más porque de Aguadulce a Las Salinas es imposible tardar cinco minutos, vamos ni volando», explicó la delegada sindical de CGT en la empresa.

Al parecer, la propia empresa ha recomendado a las empleadas salir cinco minutos antes de algunos servicios para poder cumplir mejor los horarios de desplazamiento, pero precisamente esa ha sido la causa oficial del despido de una de las dos militantes de CGT despedidas.

El sindicato asegura que emprenderá acciones judiciales contra la empresa, teniendo en cuenta que existe un Sercla firmado por ambas partes y el Ayuntamiento de Roquetas, que a su juicio no se está cumpliendo. En vista de los problemas, el sindicato reclamó una reunión de mediación con el Sercla hace unas semanas, a la que no acudió ni el Ayuntamiento ni la empresa.

La situación de la concesionaria motivó en el pleno de este mes la intervención de Ricardo Fernández, portavoz de IU, que preguntó por lo que está pasando y las denuncias presentadas a la inspección de trabajo. Fernández preguntó por la postura y las acciones que piensa adoptar el Ayuntamiento al respecto. El alcalde, Gabriel Amat, respondió que «el Ayuntamiento actuará cuando tenga que actuar» y recordó que «es una empresa y no el Ayuntamiento».