La Audiencia resuelve el martes si reabre el caso Auditorio con nuevas pruebas sobre la mesa

En su recurso para reabrir el caso penal, los socialistas aportaron «una serie de documentos» que, a juicio de su letrado, «podrían configurar prueba suficiente» para «no dudar» en «continuar» con dicha investigación, iniciada en 2005 y archivada -temporalmente, a juicio suyo- en 2006. Estos documentos aportados son «justificantes de pagos en 'B' de la mercantil beneficiada [...] de la adjudicación de los más de ocho millones de euros para la terminación del Teatro Auditorio». «Documentos similares a los que han aparecido recientemente en la prensa, concretamente en el periódico El País», remarcaba el alegato, pero que, en este caso, «aún» no habrían visto «la luz pública». Se trataría de parte de la documentación que la Fiscalía Superior habría recibido «sobre éste y otros asuntos de interés» en el conocido como caso Hispano Almería, ahora en instrucción en los juzgados almerienses.

No obstante, el pasado 21 de enero el letrado de la acusación que conforman los socialistas presentó un nuevo escrito en el que añadió dos recibos más a nombre del arquitecto redactor del proyecto y director de obra en la construcción del Teatro Auditorio de Roquetas de Mar, quien además resulta ser «propietario de la empresa Hispano Almería», una de las de la UTE. Uno de 43.273.075 pesetas y otro de 53.510,39 euros. Ambos, según el letrado de los socialistas, podrían haberse «contabilizado en la caja B de la mercantil» en relación con la obra del Teatro roquetero.

«Si ya era sospechoso que la mercantil hubiese sido beneficiada con la ausencia total de procedimiento» de la «ampliación» del Teatro Auditorio, dicen los socialistas en su escrito, «no deja de ser menos sospechoso que a su vez la redacción del proyecto y la propia dirección de obra recayesen» en la misma persona, «a su vez propietario de la misma empresa». La constructora Hispano Almería, una de las más grandes de la provincia, está siendo investigada actualmente por presuntas entregas de sumas de dinero a responsables políticos y técnicos de la administración pública a cambio de la concesión de obras.

El PSOE estima en su escrito ante la Audiencia Provincial que dichos recibos son «prueba más que manifiesta y palmaria» para que la sala acuerde la apertura de las diligencias previas archivadas «a expensas de la resolución del TSJA en vía contenciosa» y que, de este modo, se pueda «depurar la responsabilidad penal» en la que, a su juicio, habría incurrido el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Roquetas, que preside Gabriel Amat. El regidor roquetero se encuentra imputado junto a otros siete ediles y exediles del Ayuntamiento de Roquetas de Mar en el marco de la causa que investiga la legalidad de una licencia de obras para la construcción de diez viviendas de lujo en el paraje La Fabriquilla.