Medio centenar de familias se enfrentan a un desahucio por alquileres ilegales

Al parecer, algunos vecinos saben del desahucio desde el pasado mes de diciembre, pero otros recibieron la orden hace apenas unos días. Tienen intención de acudir este lunes al juzgado de Roquetas con copias de los documentos que acreditan la existencia de alquiler y recibos de electricidad y agua, para intentar que el banco se haga cargo de los contratos y puedan seguir alquilados o se les dé una nueva fecha de desahucio que les permita ganar algo de tiempo.

Según ha asegurado alguno de ellos a IDEAL, el problema parece estar en que el promotor de las viviendas ha seguido alquilando los pisos sin vender a pesar de tenerlos embargados, y así ganar dinero mientras el banco se decidía a proceder a ejecutar el embargo. En buena parte de los casos se trata de personas que pagan su alquiler y estaban al día, «nosotros tenemos los recibos y hemos pagado todos los meses, hemos pagado la comunidad y demás, lo que pasa es que ellos -refiriéndose a la empresa que les tenía alquilados- se lo quedaban todo», comenta una de las afectadas.

Entre los inquilinos afectados se reconoce que en el edificio también hay ocupas, que no pagan nada por estar en las viviendas, «esos son los que tienen que echar, no nosotros que estamos pagando», se ha asegurado al respecto.

Promotor conflictivo El caso no pilla por sorpresa a la Asociación de Vecinos de Las Colinas, cuyo presidente, Juan Carlos Oyonarte, aseguraba ayer que precisamente este residencial ha sido uno de los más conflictivos en los últimos años como consecuencia de las prácticas de su promotor.

De hecho, antes de entregar las viviendas hubo que resolver un problema legal, ya que el promotor construyó una planta más de lo permitido y los que compraron su vivienda no podrían escriturarla porque el Ayuntamiento no aprobaba la licencia de primera ocupación. Finalmente, el Consistorio encargó un proyecto para legalizar a irregularidad a costa de la fianza pagada en su día por el promotor.

La licencia de primera ocupación se aprobó para las viviendas, pero no las zonas comunes, que también tuvieron sus problemas, como también se encontraron con la imposibilidad de contratar el agua porque el promotor había instalado un contador único de agua y la empresa concesarionaria de agua reclamaba a los vecinos el pago de una deuda de consumo de varios miles de euros. Algo parecido ocurrió con la electricidad, existiendo enganches ilegales que incluso el pasado mes de septiembre llegaron a provocar un incendio en los contadores de la comunidad.

«En ese residencial es donde más se han generado problemas de convivencia», explicaba Oyonarte al respecto.

Lo cierto es que la Asociación de Vecinos de Las Colinas ha denunciado en varias ocasiones irregularidades cometidas por los promotores de algunos edificios, que están alquilando pisos embargados o están favoreciendo incluso la ocupación de las viviendas.