Oposición y colectivos responsabilizan a Amat del problema generado con los acantilados

El dirigente socialista advirtió que los daños ocasionados en la entrada de Aguadulce y las indemnizaciones que habrá que pagar a su promotora, es «una de las losas» que dejará Gabriel Amat «para que la paguen todos los roqueteros». «Ya no se trata solo de ver lo que nos va a costar este monumento a la insensatez que tenemos en los acantilados, más propio de una sobredosis de ego que de un equipo de Gobierno en su sano juicio, sino que al coste de quitarle esa cicatriz a la montaña habrá que sumarle los 5 millones de euros que reclama el promotor de la obra por venderle una licencia ilegal, tan ilegal que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía la ha anulado de manera irreversible».

Desde el PSOE se advirtió que estas posibles indemnizaciones se sumarán a las que también se deriven de las responsabilidades subsidiarias del caso de La Fabriquilla que mantiene imputado a medio equipo de Gobierno, empezando por el alcalde, Gabriel Amat, así como «muchos otros casos que irán llegando desde Las Salinas».

Las declaraciones realizadas desde el PSOE se han producido al margen de la plataforma de Acantilados SOS de la que forman parte los socialistas y a la que ayer se remitían otros partidos como Izquierda Unida como interlocutor para valorar la petición de indemnizaciones desveladas por IDEAL.

Acantilados SOS Acantilados SOS, donde participan los tres partidos de la oposición así como ecologistas y asociaciones vecinales, culpaba directamente de todo al alcalde roquetero. «Cuando se habla de indemnizaciones la responsabilidad de todo esto es del alcalde y de su equipo de Gobierno, que ha sido el que ha amparado este modelo de desarrollo urbanístico y este sector», dijo Juan Millán en declaraciones a IDEAL.

Millán reclamo que se aclaren las responsabilidades directas del primer edil y su equipo de Gobierno en este asunto y aseguró que «los ciudadanos nos sentimos perjudicados por este atropello urbanístico». La plataforma ha anunciado que convocará rueda de prensa mañana viernes para anunciar las acciones que emprenderá a partir de ahora, aunque ya adelantaba que «si finalmente no se desarrolla entendemos que esto tiene que volver a ser suelo no urbano con figuras de protección y garantizando su uso público por parte de la ciudadanía, respetando su valor ambiental».

Como adelantó este miércoles IDEAL, la empresa promotora del proyecto de construcción de casi 500 viviendas en los acantilados de Aguadulce, Almeragua, ha solicitado al Ayuntamiento de Roquetas de Mar más de 4,2 millones de euros en concepto de indemnización y de devolución de los impuestos y tasas pagados por un proyecto nunca ejecutado.

Almeragua se considera «víctima» de lo ocurrido, ya que los terrenos los adquirió cuando ya estaban recalificados y el plan parcial estaba aprobado. Como el TSJA ha anulado finalmente la licencia de obras, el plan parcial y el estudio de detalle, el proyecto ha quedado suspendido y Almeragua pide la devolución de más de 800.000 euros pagados en impuestos, así como cerca de 3,5 millones de euros gastados en los movimientos de tierras y redacción de proyectos de una promoción que no se llegó a ejecutar. Cantidades a las que habrá que sumar los intereses generados durante todo este tiempo, si prospera su petición de compensaciones.

La UDYCO investiga el caso dentro de la 'trama societaria' El caso de los acantilados de Aguadulce se ha incorporado recientemente a la investigación que hace meses que lleva a cabo la Unidad de Investigación de Drogas y Crimen Organizado de la Policía Nacional, UDYCO, dentro de la llamada 'trama societaria' desvelada por la Asociación Mediterránea Anticorrupción y por la Transparencia, AMAyT, y que afectaría a un centenar de sociedades relacionadas directa o indirectamente con el alcalde, Gabriel Amat. En concreto, según informaron ayer a IDEAL fuentes de la asociación, el pasado diciembre ya pidieron a la juez que lleva el caso de La Fabriquilla la ampliación de la causa por este asunto, aportando documentos que vincularían al administrador de la sociedad Almeragua, Alfredo Moreno, con varias sociedades participadas por Francisco Javier Amat Vargas, sobrino del primer edil. La documentación fue remitida por la juez a la UDYCO.