Almeragua reclama al Ayuntamiento 4,2 millones de indemnización por el fallido proyecto de los acantilados

Almeragua ha recordado las sentencias del TSJA que anulan la licencia de obras, el plan parcial y el estudio de detalle del proyecto, y cita la Ley del Suelo en la que se recoge que «los perjudicados tienen derecho a que la Administración actuante les indemnice los daños y perjuicios causados». Una indemnización, que según el informe presentado, al que ha tenido acceso IDEAL, también aclara que «en ningún caso habrá lugar a indemnización si existe dolo, culpa o negligencias graves imputables al perjudicado». Situación que la empresa entiende que no se produce, ya que fuentes de la misma aseguraban ayer que se consideran «víctimas» de lo ocurrido, al aclarar que cuando Almeragua adquirió los terrenos, ya estos tenían aprobada la recalificación y el plan parcial y estaban recogidos en el PGOU, sin que existiera ninguna impugnación o recurso contra su calificación urbanística.

Por ello, Almeragua ha reclamado al Ayuntamiento de Roquetas los gastos ocasionados por el pago de impuestos, los honorarios de los técnicos redactores del estudio de detalle y el proyecto básico y de ejecución de la promoción, así como el importe de las obras acometidas, fundamentalmente la excavación y movimientos de tierras, incluyendo voladuras y perforaciones realizadas.

Las tasas se han valorado en 110.512 euros, a los que hay que sumar otros 510.460 euros de honorarios de los proyectos y estudios realizados. Otros 183.735 euros corresponden a los trabajos de perforaciones y voladuras, mientras que el grueso de los gastos reclamados corresponde a los citados movimientos de tierras, valorados en 2.644.282 euros. En total, por estos conceptos, la empresa reclama 3.448.991,47 euros.

En cuanto al Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras, Almeragua reclama la devolución de todas las cantidades pagadas, que ascienden a un total de 801.246 euros «más los intereses de demora que se devenguen por esa cantidad al tipo vigente desde la fecha en que se realizaron los ingresos indebidos hasta la fecha en que se ordene el pago de la devolución», teniendo en cuenta que «no se ha producido el hecho imponible del impuesto», al no llegarse a ejecutar las obras.

Esa cantidad es la resultante de la suma de los 24.520 euros pagados en concepto de movimiento de tierras, los 29.527 euros pagados por la ampliación del bulevar de Aguadulce, los 7.375 euros por el anexo al proyecto básico, y el propio proyecto básico que implicó el pago de 764.343 euros de este impuesto.

Como se recordará, desde que se planteó el proyecto de los acantilados de Aguadulce la contestación social ha sido importante, y llegó a motivar la interposición de varios recursos que finalmente han acabado con el mismo en los tribunales. Hace meses que desde la oposición se está alertando de los enormes costes que tendría una operación que solo convenció al equipo de Gobierno del PP. Unos costes a los que habrá que sumar la restauración de los acantilados, que vecinos, ecologistas y partidos vienen reclamando desde entonces.