El TSJA anula el Estudio de Detalle del proyecto de los acantilados de Aguadulce

Aquel Estudio de Detalle «altera la ordenación vial», aseguraron entonces los denunciantes, que además consideraron que también se «altera la ordenación establecida en el Plan Parcial». A cambio la empresa cedía, a través de un convenio urbanístico firmado en 2005, los metros perdidos al Consistorio pero ello obligaba a una serie de cambios que ahora el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía considera que no fueron publicitados lo suficiente, ya que en el Boletín Oficial de la Provincia no se publicó el texto íntegro de los cambios.

Además, el TSJA considera que los cambios motivados por el adelantamiento de la línea de retranqueo de la edificación a cambio del uso urbanístico de las parcelas cedidas al Ayuntamiento, y la previsión de nuevos accesos «exceden el ámbito propio de actuación del Estudio de Detalle».

Donde no ha querido entrar el alto tribunal es en la consideración de nulidad del Plan Parcial, solicitada también por los demandantes. La demanda hablaba de «agravamiento» del efecto de apantallamiento que consideraron que podría provocar la construcción de 440 viviendas tan cerca de la línea marítima. También se denunció la «falta de funcionalidad» de los espacios libres, que se ubicaron en la parte con mayor pendiente, haciendo imposible su uso.

En este caso, el TSJA considera que «las objeciones realizadas escapan al ámbito del presente recurso que debe someter a enjuiciamiento el Plan Parcial impugnado indirectamente tan solo en la medida que afecte al desarrollo del Estudio de Detalle impugnado».

El recurso del que ahora se ha conocido la sentencia, fue presentado en noviembre de 2005 por representantes de los grupos opositores al proyecto, entre los que destacan el PSOE e Indapa. En concreto, la denuncia fue firmada por Manuel Carmona Powell, Francisco Montesinos, Juan Miguel Peña, Juan Antonio Millán y Juan Pedro González.

Como se recordará, a principios del presente año también se conocía otra sentencia del TSJA en la que anulaba la licencia de obras del controvertido proyecto de los acantilados de Aguadulce por considerar que invadía el dominio público marítimo-terrestre y que está incluido en un Plan Parcial que contraviene lo dispuesto en el Plan General de Ordenación Urbana. Contra aquella primera sentencia el Ayuntamiento anunció la presentación de un recurso de nulidad del que por el momento no se sabe nada.

Tras aquella resolución se volvió a activar la Plataforma contra los Acantilados, que ha reclamado la restauración de la zona, como también han pedido los grupos de la oposición.