La Comisión Provincial de Valoraciones reconoce el derecho de indemnización para un agricultor afectado por la variante
La Comisión Provincial de Valoraciones ha emitido su primer dictamen acerca del caso de las ocupaciones de terrenos agrícolas, en el año 2007, para la construcción de la denominada 'Variante de Roquetas', que todavía no ha sido ejecutada y para la cual ni tan siquiera han sido efectuadas las correspondientes expropiaciones de terrenos. En la resolución, da la razón al demandante y obliga al Ayuntamiento al pago de las correspondientes indemnizaciones, según ha informado el despacho de abogados Escobar Navarrete.
Julio Valdivia
Martes, 10 de mayo 2016, 12:06
El agricultor demandante solicitaba que dichos terrenos ocupados fueran, efectivamente, expropiados y él tuviera acceso a la correspondiente indemnización, que paliase los efectos negativos ... que ha sufrido, al no poder dedicarlos a su uso natural, que es la explotación agrícola, ni tampoco ha podido beneficiarse de un aprovechamiento urbanístico de los mismos.
La propia Comisión ha establecido, además, que es el Ayuntamiento de Roquetas la administración responsable de establecer los justiprecios correspondientes a los terrenos en cuestión y, además, abonarlos en un plazo de tiempo cercano, puesto que afirma que los propietarios de las fincas afectadas tienen derecho a ser expropiados y a no esperar indefinidamente a que el Ayuntamiento materialice el pago del justiprecio por los suelos. "no se puede permitir que quede indefinidamente al arbitrio de la administración el adoptar su decisión, manteniendo sine díe a los propietarios afectados", afirma el dictamen de la Comisión Provincial de Valoraciones.
Hay que recordar que la ocupación de los terrenos data del año 2007 y que este dictamen ha llegado en la pasada sesión de la Comisión Provincial de Valoraciones, celebrada el pasado 17 de este mes de septiembre. El demandante presentó recurso por medio del bufete Escobar Navarrete Abogados, cuyos representantes han mostrado su "satisfacción por este acuerdo, en el que se establece con toda claridad que el particular tiene derecho a ser expropiado, así como que la administración que tiene la obligación de expropiar es el Ayuntamiento de Roquetas de Mar, y no la Junta de Andalucía como siempre ha defendido el Ayuntamiento".
En próximas fechas, la Comisión iniciará el expediente de valoración de los terrenos, fijando el precio que el Ayuntamiento de Roquetas de Mar tendrá que pagar por la expropiación de los suelos que ocupó.
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