Denuncia contra Gran Plaza y el Ayuntamiento por ocupar un terreno

General de Galerías y Consistorio, según la familia, «elaboran primero los unos, y aceptan y sellan después los otros, un proyecto de compensación del que General de Galerías dice ser el único propietario, que invadía la finca, y nadie contrasta el catastro, límites del sector, ni del Plan Parcial, ni del Proyecto de Urbanización, ni nada», explicaron al respecto.

Registro de la Propiedad La finca acaba inscrita en el Registro de la Propiedad, coincidiendo la de los propietarios con una parcela que los promotores de la gran superficie ceden al Ayuntamiento como zona verde pública. Una situación de la que los afectados no tuvieron noticia hasta 2011, es decir, casi una década después del inicio del proyecto de Gran Plaza. Fue a través de un recibo del IBI en el que se modificaba la cantidad de metros cuadrados reduciendo el 30% de la superficie de la finca y pasando a recalificar el resto como terreno urbano.

Desde entonces la familia Boga ha mantenido numerosos encuentros con los técnicos y responsables del Ayuntamiento y General de Galerías Comerciales buscando una solución a la situación. En esos encuentros, «todas las partes reconocen el error cometido» pero no se ha llegado a alcanzar un acuerdo porque al parecer la única oferta que se ha recibido por parte de General de Galerías es el pago de la finca a precio de terreno rústico. Según la familia, con esa consideración la finca tendría un precio de entre 10 y 15 euros el metro cuadrado, cuando si se pagara a precio urbano (que es el tipo de suelo recalificado y por el que están pagando el IBI) tendría un precio de unos 360 euros el metro cuadrado de acuerdo con una tasación encargada por ellos.

Los Boga consideran que la compensación que se les propone es «irrisoria» y recuerdan que «General de Galerías Comerciales sí se ha aprovechado mientras tanto del desarrollo urbanístico del sector y del gran beneficio y enriquecimiento comercial que ha obtenido el centro comercial Gran Plaza en todos estos años con el beneplácito del Ayuntamiento de Roquetas de Mar». Los afectados critican que cuando acuden a las reuniones «parece que estuviéramos mendigando» para resolver el problema.

El último encuentro que llevó a la ruptura de las conversaciones y el inicio de la demanda interpuesta el pasado mes de mayo, se produjo en septiembre del año pasado. En él, según la familia, estuvieron además de los técnicos, el alcalde de Roquetas, Gabriel Amat, la teniente de alcalde, Eloísa Cabrera, y el propietario de General de Galerías Comerciales, Tomás Olivo. «No se llegó a ninguna solución porque allí hablaban y disponían Gabriel Amat y Tomás Olivo, demostrando cierta complicidad y un mismo carácter autoritario», se aseguró a IDEAL por parte de los Boga, que advierten que tienen grabaciones de muchas de esas conversaciones de los últimos años y se muestran dispuestos a hacerlas públicas.

Los afectados acusan al Ayuntamiento de Roquetas y sus responsables de «defender intereses oscuros, no legítimos» y se preguntan por qué no se obliga a General de Galerías a dar una solución justa a los perjudicados. «Si ambas partes lo saben desde hace tiempo, ¿por qué dan lugar a que se interponga una demanda?», destacan, a la vez que se preguntan por «¿cuántas irregularidades habrán cometido más y que no se sepan?».

Los Boga advierten que «no descansaremos hasta que no se haga justicia y la reposición de nuestro derecho legítimo».

Izquierda Unida pide explicaciones al alcalde La primera reacción política a la información desvelada ayer por el diario El País llegó desde Izquierda Unida, formación que «lamentó» que el Ayuntamiento se vea envuelto «una vez más» en «polémicas y en la defensa de intereses de grandes corporaciones». Para el portavoz de IU en el Ayuntamiento de Roquetas, Ricardo Fernández, «esta situación nos parece muy grave, ya que de nuevo salen irregularidades en las obras de este centro comercial, porque no hay que olvidar que ya se habló del supuesto beneficio económico que sacó Amat y parte de su familia por la venta de terrenos para su construcción, sin la respectiva licencia comercial».

Fernández consideró que «Amat debe dar explicaciones sobre el papel que ha jugado en todo esto, porque a bote pronto se nos vienen a la cabeza varias preguntas que el alcalde debe responder: ¿Qué hacía mediando en un conflicto entre una empresa y particulares? ¿Es que acaso el Ayuntamiento es responsable? ¿Por qué utilizó al Ayuntamiento y a los técnicos para la reunión? ¿Está avalando una vez más a Gran Plaza y a Tomás Olivo (uno de los acusados del caso Malaya por corrupción, no lo olvidemos) frente a los intereses de los vecinos?», se preguntó el portavoz de la coalición de izquierdas.