El Ayuntamiento esperará al TSJA antes de anular el plan de los acantilados

Las tres formaciones opositoras llegaron al pleno con mociones similares, pero no pactadas de forma conjunta, por lo que buena parte del debate se ... centró en valorar las posiciones de cada uno y acordar una moción conjunta con cinco puntos, que llegan tras la sentencia del TSJA del pasado mes de febrero, por la que se declaraba la nulidad del acuerdo de la Junta de Gobierno de 2006, para la construcción de un edificio de 440 viviendas, sótano, garaje y locales comerciales a la entrada de Aguadulce. El primero de ellos pedía que el Ayuntamiento acatase la sentencia y declarara la nulidad del proyecto, mientras que el segundo proponía una innovación del Plan General de Ordenación Urbana para desclasificar el suelo afectado. El tercer punto pedía calificar de interés paisajístico la zona de los acantilados de Aguadulce con el fin de blindarla de cada al futuro y evitar nuevos intentos de urbanización, mientras que el cuarto se refería a la restauración de toda la zona afectada por los desmontes que se llegaron a realizar en su día. El quinto punto del acuerdo proponía iniciar el expediente de caducidad de las licencias y por último, el sexto, llegar a un acuerdo con los propietarios de los terrenos afectados. Los portavoces de PSOE, IU e Indapa criticaron los planes autorizados por el Ayuntamiento para construir en esta zona y recordaron la movilización social que se produjo en su día en contra de este proyecto. Así, Juan Ortega, del PSOE, recordó que su formación ya solicitó en 2012 la restauración de los acantilados, mientras que el concejal de IU, Juan Pablo Yakubiuk dijo que la sentencia es «categórica y ejemplarizante» a la hora de criticar lo que consideró que ha sido una constante en Roquetas que es la de «buscar el máximo aprovechamiento» en los desarrollos, que en este caso llevó a invadir la Zona de Dominio Público Marítimo-Terrestre y a pretender levantar un «bloque monstruoso» con «apantallamiento». Por último, el portavoz de Indapa, José Porcel, recordó que su formación siempre dijo que «había un fraude de ley» y pidió al alcalde, Gabriel Amat, que acatara la decisión judicial considerando que era una oportunidad de corregir los errores cometidos en este asunto. El primer edil dijo que el Ayuntamiento acatará la decisión judicial, «pero tenemos que defender a esta Corporación» y aseguró que los informes jurídicos de los que dispone el Consistorio indican que la sentencia puede ser nula ya que hay cuestiones del proyecto que no se pueden anular, por lo que abogó por esperar a la respuesta del escrito remitido por el Ayuntamiento al TSJA antes de emprender ninguna acción. Una petición, la de esperar la respuesta, que apoyó el secretario del Ayuntamiento, y que finalmente aceptaron el resto de grupos.