El PP cree nula la sentencia de los acantilados, mientras la Junta e IU ya hablan de restauración

La sentencia del TSJA afirma que su ejecución invade el área de dominio público marítimo-terrestre y está incluido en un plan parcial contrario al plan general de ordenación urbana del municipio. Desde el Consistorio se indicó este miércoles al respecto, que el Alto Tribunal andaluz «da veracidad a una imagen que no es real» y que «ya se impugnó» en el contencioso anterior, puesto que basa estas infracciones en unas fotografías del terreno afectado que, según la promotora, «no se corresponden con su construcción». Pese a ello, el tribunal estima que, en el momento en el que se tomaron, «no hay más obras que la suya».

El Ayuntamiento de Roquetas mostró su «respeto» a la resolución judicial si bien señaló su disconformidad con el fallo que ha motivado su petición de nulidad de la sentencia. En cualquier caso, fuentes municipales manifestaban ayer que la obra y los terrenos a los que afecta se mantendrán como hasta ahora a la espera de conocer la admisión o no del recurso planteado.

Por su parte, el delegado de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, José Manuel Ortiz, expresó este miércoles su «satisfacción» por la sentencia. «Con esta sentencia se impide la materialización en primera línea de litoral de un número de viviendas y de edificabilidad por encima de lo legalmente establecido, y asimismo impide la materialización de actos edificatorios que constituyen pantallas visuales prohibidas expresamente por la legislación urbanística y de Costas», valoró el delegado.

Ortiz también consideró que en caso de haberse llevado a cabo la obra, «podría haber ocasionado un perjuicio al interés general por su impacto urbanístico y territorial, así como ambiental y paisajístico, teniendo en cuenta la caracterización de esos terrenos», y dijo esperar que el propio Consistorio «dé orden a quien corresponda para que los terrenos vuelvan a su estado anterior».

Por último, Izquierda Unida anunció la presentación de una moción con una propuesta de restauración de la parte afectada por los desmontes que incluiría unos muros vegetales y unos corredores verdes. La coalición recordó, en este sentido, que la LOUA establece que en caso de que se contravenga la normativa, como en este caso, «cabe la reposición a su estado originario de la realidad física alterada, que en el caso de los acantilados pasa por restaurar los cortados realizados a la montaña, abandonados hace años por la promotora». A juicio de IU la sentencia «es demoledora» para el PP, por lo que «Amat y su equipo de Gobierno deberían responder política y económicamente por haber concedido esta licencia y haber defendido a capa y espada esta aberración urbanística».