El pleno aprueba mejorar la seguridad de los pasos peatonales de las principales vías

En su defensa de la medida, el portavoz del PSOE, Juan Ortega, se refirió a los problemas existentes en la avenida de Roquetas, avenida Carlos III, Alicún y Faro Sabinal, considerando que «ha llegado el momento de tomar medidas porque ni los peatones ven a los vehículos, ni los vehículos ven casi nunca a los peatones por la vegetación».

La petición contó con el apoyo de Izquierda Unida, cuyo portavoz, Ricardo Fernández, recordó que su formación ha presentado varios escritos y mociones en este sentido, al igual que hizo el portavoz de Indapa, José Porcel.

Variante En este punto volvió a surgir un tema recurrente en la vida política municipal como es el de la variante de la ciudad. La portavoz del PP, Eloísa Cabrera, aseguró que Roquetas tiene «unas características especiales» y que medidas como la pacificación del tráfico y la seguridad vial serían más fáciles con la variante terminada, pidiendo a la Junta de Andalucía que finalice las obras.

Unas afirmaciones que fueron respondidas por el portavoz de IU, Ricardo Fernández, quien recomendó a la portavoz popular que busque las explicaciones en su propio equipo ya que en su opinión si la variante no se ha terminado ha sido porque el Ayuntamiento no cumplió con su compromiso de aportar todos los terrenos. En parecidos términos se expresó el portavoz del PSOE, Juan Ortega, que aseguró que «la variante debería haberse terminado hace 10 años y si el Ayuntamiento hubiera puesto a disposición de la Junta los terrenos cuando correspondía, se habría terminado hace 10 años». Palabras que también tuvieron su respuesta de Eloísa Cabrera, quien recordó que el tramo hasta Gran Plaza no tiene ningún impedimento en cuanto a consecución de terrenos y sigue paralizado, además de mencionar el informe del Tribunal de Cuentas que asegura que la variante no podrá terminarse hasta 2017 «porque la Junta aún debe las primeras certificaciones».

También relacionada con la seguridad vial fue la moción del PSOE en la que se pedía la adaptación de los resaltos a la legislación actual, considerando que algunos de ellos son peligrosos. El portavoz socialista advirtió que «no podemos hacernos responsables políticamente de que se produzca algún accidente que suponga la pérdida de vidas humanas» y mencionó una publicación en la que se anunciaba que la fiscalía investigaba el incumplimiento de la normativa sobre resaltos.

Sin embargo, la propuesta en este caso no contó con el apoyo del PP, cuya portavoz aseguró que ya se está trabajando en ello. Eloísa Cabrera indicó que la Junta de Andalucía ya ha pedido dos moratorias para ir adaptando los resaltos y por tanto, no se está incumpliendo la normativa al estar vigente la última moratoria. Cabrera detalló la adaptación realizada en resaltos de vías como la avenida Pedro Muñoz Seca de Aguadulce y dijo que se irán adaptando los restantes conforme se vayan haciendo obras de mejora.

 

Largo debate sobre la reforma de la Administración local

Uno de los puntos más largamente debatidos en el pleno de ayer fue la moción del PSOE que solicitaba que el Ayuntamiento pidiera al Gobierno la retirada de la ley que modifica el funcionamiento de la Administración local y su financiación. El portavoz del PSOE, Juan Ortega, consideró perjudicial la reforma, ya que en su opinión implicará que «la mayoría de los municipios van a desaparecer y otros serán intervenidos, y el resto van a dejar de prestar muchos servicios». Ortega recordó el papel de los ayuntamientos a la hora de cubrir las necesidades de sus ciudadanos y aseguró que «yo no podría decir a una mujer maltratada que no es una competencia propia».

En parecidos términos se expresó el concejal de IU, Juan Pablo Yakubiuk, quien puso el acento en uno de los principios de la reforma que obligará a buscar la rentabilidad económica de todos los servicios. Yakubiuk puso el ejemplo de las tasas por el uso de instalaciones deportivas, cuyo servicio es deficitario, algo que tendrá que cambiar con la ley, que obligará al Ayuntamiento a tomar medidas para evitar que sea deficitario o tendrá que privatizarlo. Lo mismo que ocurrirá con los servicios públicos de transporte urbano.

Unas críticas que no fueron compartidas por el PP, cuya portavoz, Eloísa Cabrera, consideró que la ley «viene a afianzar a las corporaciones locales» y a aclarar las competencias de las mismas y su financiación. Cabrera mencionó que en la cuenta general de 2012 del Consistorio, se refleja que la ciudad asumió más de 6 millones de euros de gastos correspondientes a competencias que no corresponden al Ayuntamiento, dinero que se ahorraría y con el que «a lo mejor nos podemos plantear una bajada del IBI», dijo.