Responsables de la residencia implicados en una estafa con recetas de fallecidos

Medicamentos

Tras la correspondiente investigación, se comprobó que efectivamente estos medicamentos, con un coste superior a los 10.000 euros, fueron retirados con posterioridad al fallecimiento de sus beneficiarios, haciendo uso de su tarjeta sanitaria y beneficiándose de medicamentos y productos sanitarios recetados a los pacientes, «generando de forma consciente un sobrecoste al sistema público de salud».

En la investigación abierta, los agentes detectaron el uso de recetas electrónicas de 26 personas, fallecidas entre enero de 2010 y junio de 2012, «con la única finalidad, por parte de los responsables de la residencia de ancianos de hacer acopio de las medicinas y productos sanitarios para facilitarlos a otros pacientes», según se destacaba ayer en una nota.

El modus operandi era siempre el mismo, los imputados adquirían lo medicamentos en farmacias para suministrarlos a sus residentes. Eran fármacos recetados por los respectivos médicos de los pacientes, correspondientes al tratamiento que debían seguir los enfermos y que debían renovar cada 20 días. Aprovechando el fallecimiento de alguno de ellos, los imputados seguían retirando los fármacos durante el periodo de validez del tratamiento.

Aunque ni desde la Guardia Civil ni desde la Delegación de Salud y Bienestar Social se confirmó oficialmente el nombre de la residencia Virgen del Rosario de Roquetas como implicada en la operación, diversas fuentes han confirmado a IDEAL que se trata de este centro, como se sabe propiedad del Ayuntamiento de la localidad y gestionado por una cooperativa de trabajadores a la que recientemente se renovó el contrato de gestión y explotación.

Fuentes del Ayuntamiento de Roquetas consultadas por este diario aseguraron desconocer los hechos y no haber sido notificados de la existencia de una denuncia contra dos responsables de la residencia, cuyas diligencias están en manos del Juzgado de Instrucción número 3 de Roquetas. Por su parte, la directora de la residencia, Paula Morales, no quiso hacer declaraciones al respecto.

Sin autorizaciones

No es el único problema al que se enfrenta la residencia, a la denuncia de fraude, de carácter penal, se suma otra administrativa. Al parecer, la Delegación de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía informaba ayer que la Inspección de Farmacia también detectó en el centro que se carecía de autorización de funcionamiento para las unidades asistenciales de medicina general, así como de enfermería, a pesar de haber prestado esos servicios. Por ello, la Dirección de la Inspección Provincial de Servicios Sanitarios ha propuesto la apertura de un expediente sancionador por carecer de dicha autorización que implicaría una multa de entre 3.000 y 15.000 euros, según destacado ayer a IDEAL fuentes de la Administración autonómica.

La operación contra el fraude de recetas médicas es la segunda que se produce en la provincia en los últimos meses. A principios de año la Guardia Civil y la Delegación de Salud también imputaron a dos responsables de una residencia Vícar por usar las recetas de 24 fallecidos.