La presión logra paralizar dos desahucios en un edificio de VPO en Cortijos de Marín

El edificio en el que se encuentran las viviendas tiene 36 apartamentos de VPO, que en su día se sacaron a alquiler a través de la Junta de Andalucía. De ellos, aproximadamente la mitad tienen contrato de alquiler y casi todos, según la PAH están afectados por procesos desahucio, mientras que el resto de los pisos se encuentran ocupados de forma ilegal.

María Ceba, era una de las afectadas, su desahucio estaba previsto para las 11.30 de la mañana. Según contó a IDEAL, lleva viviendo en la casa desde hace dos años con sus dos hijos. Llegó de Almería tras divorciarse y aunque estuvo pagando unos meses mientras asistió a un curso de jardinería de la Junta de Andalucía, en cuanto se quedó sin ingresos tuvo que dejar de pagar. «Pagué la entrada y estuve pagando hasta que he podido», dijo, tras asegurar que no cobra ningún tipo de subsidio, entre otras cosas porque no está empadronada en Roquetas. Su caso no es el único de la familia, ya que su hija, Mireya Ortega, tenía programado su propio caso de desahucio para el viernes. En el caso de esta joven, tiene tres hijos de corta edad y dos gemelos en camino, asegura haber pagado la cuota durante «casi un año» y aunque cobra una ayuda «para alimentar a la familia y los pañales, yo no puedo pagar 250 euros». En su caso dice que acordó pagar al promotor 150 euros y así lo hizo en enero «pero luego se echó para atrás».

Otro de los casos es el de Juan Muñoz, que tenía su desahucio programado para la una. Uno de sus hijos, explicaba que «mi padre es un hombre mayor, no tiene trabajo y no cobra nada». Muñoz vive con cuatro de sus hijos y con su esposa, mientras que otros hijos reconocen que han ocupado directamente algunas de las viviendas vacías. Según relataban, ello ha permitido salvar el edificio, del que se estaban llevando todos los materiales de valor incluso las ventanas.

Desde la PAH se explicaba que se trata de familias que «no pueden pagar el alquiler». Según José del Águila «aquí en Roquetas donde hay más de 2.500 viviendas vacías, es una vergüenza que se eche gente a la calle sin dar una solución de realojo». La PAH «lo que pretendemos es una negociación con esta empresa, con la mediación de la Junta de Andalucía, puesto que son viviendas de Protección Oficial, para buscar una solución» que pasaría por un alquiler del pago del 30% de sus ingresos.