El TSJA avala dos trámites urbanísticos municipales recurridos por la Junta
El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de la localidad celebraba ayer dos nuevas decisiones judiciales del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que avalan trámites urbanísticos recurridos hace unos años. En concreto, el primero de los recursos que ha venido a dar la razón al Consistorio roquetero se centra en el Plan Parcial de Playa Serena Sur, que según destacaba el Ayuntamiento en un comunicado, fue aprobado y modificado sin que la Junta se pronunciara desfavorablemente, ni recurriera la aprobación definitiva.
Julio Valdivia
Martes, 10 de mayo 2016, 11:40
Sin embargo, «una vez otorgada la licencia de obras a la empresa Caniraga S.L. y tener prácticamente terminada la edificación, la Junta solicitó ... la revisión de la licencia de obras por entender que era contraria a derecho la modificación realizada en el planteamiento, que en su momento no recurrió».
El conflicto fue ganado en primera instancia por la Administración autonómica, pero en un posterior recurso ante el TSJA, este «entiende que la licencia de obras se ha dado con respeto absoluto al planeamiento aprobado en su día, al que la Junta dio el visto bueno, por lo que da la razón a la labor desarrollada por el Ayuntamiento», se indicó ayer en una nota.
Venta Vitorino
La otra sentencia conocida estos días y de la que han dado cuenta los servicios jurídicos municipales en la Junta de Gobierno celebrada ayer, se refiere a un convenio urbanístico de la Unidad de Ejecución 25.3.A del hoy derogado PGOU del 1997. La zona se encuentra en la avenida Carlos III, concretamente en Venta Vitorino, donde la Junta de Andalucía presentó un recurso contencioso administrativo contra el Plan Especial que lo desarrollaba «del que posteriormente desistió para luego solicitar la revisión de oficio de la aprobación definitiva del convenio», explicaba ayer el Consistorio.
El Ayuntamiento rechazó revisar el convenio «por carecer de base legal» y al parecer la Junta decidió recurrir al contencioso que le dio la razón. Ahora el TSJA ha aceptado el recurso de apelación presentado por el Ayuntamiento contra la sentencia «que anula y deja sin efecto, confirmando la legalidad de la actuaciñón municipal». Es más, en este caso el alto tribunal condena a la Junta al pago de las costas «por su evidente temeridad al haber interpuesto un recurso contencioso administrativo frente al PERI para luego desistir», aseguraban ayer fuentes municipales.
La teniente de la alcalde, Eloísa Cabrera, aseguraba ayer que cada sentencia firme que llega sobre el urbanismo de la ciudad no deja de confirmar «la persecución a la que está sometido nuestro Consistorio por parte del Gobierno autonómico».
Por ello, Cabrera volvía a pedir ayer «a quienes acusan en el momento de la denuncia y callan cuando llega la sentencia, que tengan responsabilidad política y no hagan demagogia barata y acusaciones infundadas para luego esconderse, como demuestra la exquisita labor municipal en cuanto al urbanismo, y este asunto es un claro ejemplo de la repercusión pública que ahora demuestra su legitimidad», explicó en una nota.
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