El PSOE pide a la fiscalía la reapertura penal del caso Teatro Auditorio

La solicitud, adelantada ayer por el diario El País, recoge que «ya no existe probabilidad de que pueda darse duplicidad de procedimientos o sentencias contradictorias», dado que la sentenciadel TSJA en la que se considera que el Ayuntamiento debió resolver el contrato con la UTE integrada por las empresas Hispano Almería, Gea 21 SA y Rochina SA, ya que la variación contractual producida aumentó en casi el 120 por ciento el contrato de adjudicación, es firme.

Como se destacó en su día, el TSJA expone que el Consistorio menoscabó el principio de publicidad y concurrencia de la licitación, al adjudicar en 2000 la obra del Teatro Auditorio por 7 millones de euros y tres años después, aprobó la modificación del proyecto y su terminación por 8,4 millones, es decir, más de lo que suponía el coste inicial.

Según la sentencia, la dirección de la obra presentó el citado proyecto y lo justificó en «algunos condicionantes desconocidos» al redactar el proyecto inicial tales como las características físico-geológicas del terreno, la ampliación de aforo solicitada por el Ayuntamiento o la inclusión de nuevos materiales de mayor calidad.

La modificación fue informada favorablemente por el técnico municipal pero contó con el informe desfavorable del secretario municipal y del interventor, quien «puso de manifiesto que la diferencia entre el importe de la modificación y el crédito disponible era superior al gasto autorizado».

En esta línea, ambos subrayaron la «necesidad» de un acuerdo de Pleno para autorizar la modificación de gasto y «justificar la improcedencia de la convocatoria de una nueva licitación», así como de un dictamen de la Comisión Especial de Cuentas al superar el contrato los seis millones de euros y de dictamen del Consejo Consultivo, un extremo con el que se muestra de acuerdo la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, según se destacó hace unos meses.

El Alto Tribunal aseguró en la citada sentencia que las obras fueron ejecutadas antes de la aprobación de la modificación del contrato y que dicha modificación no se justificó suficientemente «lo que constituye una grave infracción procedimental».