Pleno: El arreglo de los acantilados tendrá que esperar a la decisión judicial

A la moción se sumó la enmienda de IU, centrada en solicitar la anulación de las licencias por el incumplimiento de los plazos establecidos en la normativa urbanística. En concreto, la licencia de construcción es de 2006 y tiene una vigencia de tres años, que aun en el supuesto de que fuera renovada por otros tres, ya habría caducado, según dijo el concejal Juan Pablo Yakubiuk. El edil de IU recordó que su formación ya ha solicitado en varias ocasiones la restauración de los acantilados y dijo que aunque sería un procedimiento caro sí sería posible como ha quedado demostrado con actuaciones similares en canteras.

También Indapa hizo su aportación a la moción y pidió que se revise el ordenamiento y las licencias aprobadas por «grave fraude de ley» al entender que las parcelas de equipamiento y zonas verdes de este Plan Parcial se ubicaron en lugares de «imposible ejecución» en lo alto de los acantilados. El portavoz de la formación independiente, José Porcel, recordó que en su día se presentaron más de 500 alegaciones al proyecto aprobado por el Ayuntamiento.

La petición fue rechazada por el PP, cuya portavoz, Eloísa Cabrera, explicó que el Plan Parcial fue aprobado en su día por el Pleno y cuenta con el visto bueno de la Junta de Andalucía. Cabrera dijo también que la licencia está ahora mismo con una suspensión cautelar y por tanto, «estamos esperando la sentencia del TSJA».

No en ese punto, pero sí en otro de los asuntos analizados, el alcalde, Gabriel Amat, habló nuevamente de los acantilados, asegurando que «no tenemos capacidad para parar un procedimiento y tampoco queremos que a este Ayuntamiento se le pidan responsabilidades si ganara la empresa, sería un disparate interrumpir un procedimiento judicial», dijo el primer edil.

Salida de la FAMP

Otro de los asuntos tratados en el Pleno de ayer fue una moción del Partido Popular para que el Ayuntamiento se salga de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias. Asunto que fue aprobado en solitario por los populares y que motivó cierto debate, especialmente entre éstos y los socialistas.

Según explicó el alcalde, Gabriel Amat, la decisión de todos los municipios gobernados por el PP se produce ante el bloqueo de la directiva de la FAMP a la renovación de cargos que daría la presidencia a los populares como fuerza política más votada.

Tanto desde las filas socialistas como desde Indapa se consideró que la decisión de sacar a Roquetas de este organismo es excesiva e hicieron un llamamiento a la negociación y el diálogo para evitar que la Federación Andaluza de Municipios y Provincias quede en una situación de gran debilidad por la marcha de los municipios populares. El alcalde respondió que la situación se viene prolongando desde mayo de 2011 y que la medida lo que pretende es obligar al PSOE a reconsiderar su posición y que finalmente acceda a dar al PP la cuota de poder que le corresponde en base a los apoyos recibidos en las elecciones municipales de 2011.