El Tribunal Supremo confirma la legalidad del centro Gran Plaza

Abierto en 2003

El caso sobre el que ha dictaminado ahora el Supremo, fue abierto en 2003 por la Comisión Provincial del Territorio y Urbanismo, cuando la Administración autonómica anuló dicho Plan Parcial. Tanto el Ayuntamiento como la empresa promotora del centro, General de Galerías Comerciales, recurrieron la decisión y solicitaron la anulación de la resolución desfavorable a la apertura de la gran superficie del Consejo Consultivo de Andalucía.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía dio la razón al Ayuntamiento en su litigio, decisión que provocó un recurso de la Junta de Andalucía que ahora ha resuelto el Supremo confirmando definitivamente la decisión del TSJA y contra la petición de la Administración autonómica, ya que no caben más recursos en este proceso, según informaban ayer fuentes municipales.

Anulación

Desde el Consistorio se ha destacado, igualmente, que la sentencia conocida ahora «se deja claro, de forma meridiana y tajante, que el dictamen desfavorable del Consejo Consultivo se anula por haberse tomado careciendo de elementos jurídicos que lo sustenten». Sobre este asunto, Eloísa Cabrera recordaba la intención declarada del entonces presidente de la Junta, Manuel Chaves, de derribar el centro comercial «y acabar así con 3.000 puestos de trabajo», lo demuestra a su juicio que «esto era un capricho del dirigente autonómico no sustentable en derecho, ya que lo único que perseguía era menoscabar la imagen de Roquetas, detener su desarrollo y beneficiar a unos municipios frente a otros, simplemente por el partido que los gobierna, demostrando la deslealtad institucional, el sectarismo político y el escaso respeto a los ciudadanos».

Para Cabrera, esta sentencia «demuestra, una vez más, la legalidad y el exquisito respeto con que el Ayuntamiento de Roquetas realiza sus actuaciones». En este sentido, la edil roquetera afirmaba ayer que «somos respetuosos con toda decisión judicial, tanto en los periodos de instrucción, como en las resoluciones, sentencias y autos que se dicten» y solicitó «el mismo respeto a Administraciones y partidos políticos en todos los casos, ya que muchos son muy ávidos en emitir opiniones interesadas y oportunistas en las instrucciones, para luego esconderse tras las resoluciones judiciales en el silencio más irresponsable».

La edil consideró que muchos políticos aplican el dicho popular de «miente que algo queda», a los que consideró «políticos sin escrúpulos, sin compromiso y sin la preocupación que debieran tener por la imagen que pueden generar en su municipio, que esta sentencia sirva de ejemplo para otros casos», concluyó.